En la esfera política de Aguascalientes, el debate sobre la integridad de los partidos políticos y sus posibles vínculos con actividades ilícitas ha cobrado una relevancia sin precedentes en la agenda legislativa local. Recientemente, una iniciativa que busca sancionar severamente a los institutos políticos que reciban financiamiento del crimen organizado ha sido puesta sobre la mesa en el Congreso del Estado, generando un intenso intercambio de posturas entre las principales fuerzas políticas.

La propuesta local ante la omisión federal

La diputada panista Alma Hilda Medina, actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), subrayó que se está valorando una iniciativa que, en su momento, fue propuesta dentro del llamado “Plan B” y que no fue tomada en cuenta a nivel federal. Según Medina, el objetivo es que los partidos políticos que reciban dinero de la delincuencia organizada pierdan su registro.

“Este proyecto de ley será impulsado desde lo local, ya que desde lo nacional no se ha querido hacer”, puntualizó la legisladora, enfatizando la necesidad de que el Congreso de Aguascalientes tome la iniciativa ante la parálisis observada en otras instancias.

Además del registro partidista, el Poder Legislativo local analiza actualmente qué tipo de sanciones se aplicarían a los candidatos a cualquier puesto de elección popular que mantengan vínculos comprobados con la delincuencia organizada. La intención de los legisladores es concluir una reglamentación electoral sólida antes de que dé inicio el proceso electoral del 2027, reconociendo, no obstante, que el combate al narcotráfico es una competencia estrictamente federal, aunque el impacto en la vida pública estatal es innegable.

El cruce de acusaciones en el Congreso

La propuesta no ha estado exenta de controversia. Al ser consultado sobre el tema, el diputado local de MORENA, Fernando Alférez Barbosa, no solo cuestionó el origen de la iniciativa, sino que arremetió contra las fuerzas opositoras.

“El partido político que debió haber perdido su registro fue el PRI, seguido del PAN”, manifestó Alférez Barbosa, quien desestimó el esfuerzo actual calificándolo como una “estrategia para golpear a MORENA”. En su intervención, el legislador morenista aseguró que su partido ya había presentado previamente una propuesta de ley con la finalidad de castigar a los candidatos que mantengan nexos con el narcotráfico.

Tensiones por señalamientos internacionales

El diputado Alférez Barbosa aprovechó el espacio para abordar los recientes señalamientos provenientes de Estados Unidos respecto a supuestos vínculos de gobernadores de su partido con el crimen organizado. El morenista calificó dichas acusaciones como carentes de fundamentos y puso en duda la validez de las pruebas presentadas.

“Solamente mandan una lista manuscrita, esa es la única prueba; así yo puedo acusar hasta a Jesucristo de narcotraficante, lo cual solamente es una estrategia para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum arropada por medios de comunicación chayoteros”, apuntó el legislador, empleando términos sumamente críticos hacia la información difundida. Además, calificó las pruebas de manera despectiva, tildándolas como “pedorras”.

Finalmente, el diputado morenista lanzó un llamado a la equidad en las sanciones políticas. Según su perspectiva, así como solicitó licencia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, consideró que también lo debió hacer la mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, insistiendo en que el escrutinio debe aplicarse por igual a todos los actores políticos, sin importar su afiliación partidista, y extendió el señalamiento al PAN.

El Congreso del Estado se mantiene, por tanto, en una fase de análisis crítico, donde la reglamentación electoral se perfila como un campo de batalla clave para las elecciones de 2027. La ciudadanía de Aguascalientes permanece a la expectativa de si estas propuestas lograrán trascender el discurso político para convertirse en mecanismos de control real sobre el financiamiento y la ética de quienes buscan representar a la población.