Aguascalientes enfrenta un preocupante patrón estatal de represión dirigido en contra de la protesta social, según denunció el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG). Esta grave acusación se fundamenta en recientes acontecimientos documentados en la entidad, específicamente lo ocurrido en contra de los comerciantes del Centro Comercial Agropecuario y, de manera más reciente, ante la manifestación de los vecinos de la colonia España por el desabasto de agua.

La situación ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones sociales que defienden los derechos fundamentales y la legalidad en el estado.

Uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias en Aguascalientes

Ante los hechos suscitados, el Observatorio de Violencia Social y de Género señaló de manera directa que los habitantes de la colonia España reportaron de forma contundente el uso excesivo de la fuerza por parte de las corporaciones policíacas. Asimismo, documentaron múltiples detenciones arbitrarias durante la manifestación llevada a cabo este lunes, la cual tuvo como motivación principal la exigencia ciudadana ante la falta de agua en la zona.

Bajo el lema central de que “Manifestarse es un derecho, no un delito”, expresado enérgicamente por el organismo, se puso sobre la mesa la urgencia de frenar las agresiones contra la ciudadanía que alza la voz.

En este sentido, ante estos actos de autoridad, dicho organismo social exigió el cese inmediato de la violencia institucional, el respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías plenas para el ejercicio del derecho a la manifestación en todo el territorio estatal.

Marco legal y protección internacional de la protesta social

Para respaldar su postura, el OVSG reiteró que el derecho a la manifestación en México está plenamente protegido por los artículos 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos artículos garantizan de forma constitucional la libertad de expresión y de reunión pacífica, estableciendo únicamente los límites necesarios para proteger la seguridad, la moral y los derechos de terceros.

Además de la legislación nacional, existen diversos instrumentos internacionales que respaldan este derecho fundamental. Entre ellos destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normativas que obligan al Estado mexicano ya sus autoridades a salvaguardar la integridad y la libre expresión de los ciudadanos.

El Observatorio de Violencia Social y de Género subrayó con firmeza que estas acciones represivas no son hechos aislados, sino que por el contrario, reflejan una preocupante tendencia de las autoridades locales a criminalizar la exigencia de servicios básicos y derechos fundamentales de la población.

Llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y advertencia institucional

Derivado de este panorama de tensión social, la organización hizo un llamado urgente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervenga de oficio. El objetivo principal de esta intervención es garantizar que las víctimas de estas detenciones arbitrarias reciban justicia pronta y expedita.

El OVSG señaló que el uso de la fuerza pública debe ser siempre el último recurso disponible para las corporaciones y estar estrictamente apegado a los principios fundamentales de legalidad y proporcionalidad.

Finalmente, el Observatorio advirtió que la utilización de la represión en lugar del diálogo constructivo sólo agudiza el tejido social y erosiona profundamente la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Por todo lo anterior, instaron de manera directa al Gobierno local a priorizar la resolución de las problemáticas de fondo que aquejan a la ciudadanía de Aguascalientes.