México es el único país de la OCDE que no cuenta con una normativa nacional que regule los elementos de seguridad vehicular para las motocicletas que se producen y comercializan en el país, lo que coloca a las personas motociclistas y a otras personas usuarias de la vía en mayor vulnerabilidad en las calles que en otros países, se hizo ver en un comunicado de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad.
“Hacemos un llamado al Gobierno Federal a iniciar un proceso de desarrollo de una norma técnica para motocicletas enfocado en sus componentes de seguridad. Este proceso deberá ser participativo e inclusivo, sumando a todas las partes interesadas como son el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, el sector privado, las personas usuarias de motocicletas, la sociedad civil y la academia”.
Durante este ejercicio se deberá analizar la evidencia existente sobre el impacto de distintos elementos de seguridad de las motocicletas para reducir los siniestros de tránsito graves, para así poder tomar decisiones que salven vidas, agrega el comunicado de la AMAM, encabezada por el coordinador de Movilidad de Aguascalientes, Ricardo Serrano, quien anotó que en la reciente reunión de las autoridades de Movilidad estatales, se analizó la tasa de mortalidad de los accidentes de motocicleta, que están por encima de otro tipo de accidentes, pues las tasas de mortalidad de personas peatonas, ciclistas, automovilistas y ocupantes de autos han tenido reducciones, mientras que el grupo de personas motociclistas ha ido al alza.
INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE MOTOS DESPUÉS DE LA PANDEMIA
Por más de un siglo la motocicleta ha formado parte del ecosistema de la movilidad. Sin embargo, en los últimos años, particularmente posterior a la pandemia de Covid-19, México ha experimentado un incremento significativo en su uso como medio de transporte y trabajo, el cual se ha visto acompañado por un mayor número de lesiones y muertes como resultado de siniestros de tránsito graves de las personas usuarias de este vehículo.
De acuerdo con información de STCONAPRA, desde 2017 las tasas de mortalidad de personas peatonas, ciclistas, automovilistas y ocupantes de autos han tenido reducciones, mientras que el grupo de personas motociclistas ha sido el único que ha experimentado un aumento: “Esta situación nos alerta sobre la necesidad de tomar acciones que garanticen la seguridad de todas las personas usuarias de la vía”.
“Todas las autoridades, particularmente quienes somos responsables de la movilidad, la seguridad vial y la salud pública, tenemos la obligación de garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial. Esto implica reconocer cuando existe un problema y analizar sus causas, considerar las mejores prácticas nacionales e internacionales, escuchar a todas las partes involucradas y finalmente implementar acciones normativas y de política pública para salvar vidas”, se asienta en el comunicado.
Finalmente, la AMAM reiteró su compromiso con la seguridad vial, con la colaboración con el Gobierno Federal y con el desarrollo de normas y políticas públicas con base en evidencia técnica y en un diálogo amplio, pues sólo a través de un proceso participativo y técnico podremos desarrollar una norma que no sólo sea eficaz en términos de seguridad vial, sino que también sea justa y refleje las necesidades y realidades de todas las personas involucradas.
