CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República analiza una serie de iniciativas y puntos de acuerdo para fortalecer la formación de médicos especialistas en el país para fomentar su número, el reconocimiento y certificación por parte del Estado de nuevas especialidades, así como blindar a los pasantes de esa profesión para evitar exponerlos a la inseguridad y violencia.
La Comisión de Salud, que preside la senadora Margarita Valdés, analiza diversas iniciativas y exhortos a dependencias del Sector Salud, que plantean evitar la burocracia institucional, así como mejorar el sistema educativo para la certificación de médicos en el país.
Al respecto, el senador por Morena, José Narro Céspedes, junto con el grupo parlamentario de Morena, expuso que además se presentará un paquete de iniciativas para reformar la ley General de Salud, con el objetivo principal de incrementar el número de médicos especialistas y el reconocimiento de nuevas especialidades médicas.
“Es importante que desde el Senado de la República se respalden las intenciones de nuestro Presidente para facilitar y mejorar el sistema educativo y la certificación de médicos especialistas”, argumentó.
Dentro de las iniciativas de reforma, comentó, están que todos los estudiantes de Medicina tendrán derecho a cursar y concluir una especialidad médica y los mexicanos deberán tener el derecho a ser atendidos por especialistas.
Consideró necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) recupere la atribución de certificar a profesionales y estudiantes de medicina, porque esta responsabilidad solo representa un “negocio” para instancias privadas.
Expresó que esa atribución era del gobierno federal, “no podemos dejarla en manos privada para que al final se vea más como un negocio, porque es responsabilidad del Estado acreditar a sus profesionales”.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, criticó que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) se desempeña desde el sexenio de Felipe Calderón como un negocio privado, donde el proceso de certificación para un médico recién egresado puede costar hasta 25 mil pesos.
“Estamos planteado que esa atribución, que era del gobierno federal, se recupere, así como fortalecer todos los mecanismos del servicio social, para que los gobiernos federal, estatales y municipales, blinden la labor de estos profesionales cuando se encuentran trabajando en favor de comunidades rurales, serranas, indígenas, donde opera con más frecuencia el crimen organizado”, concluyó.
