Washington, 22 ago (EFEUSA).- La decisión del Gobierno de acabar con un acuerdo que establece los estándares para la detención de inmigrantes menores de edad, entre ellos prohibir que su reclusión supere los 20 días, puede enfrentar una larga batalla legal e incluso el veto de un juez antes de su entrada en vigor.
Así lo anticiparon expertos consultados por Efe, mientras la «norma definitiva» destinada a acabar con las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, de 1997, sigue enfrentando un aluvión de críticas por parte de distintos sectores.
«Si un juez o una jueza para la acción (del Gobierno) de una forma inmediata, la batalla sigue por años», explicó a Efe Clara Long, investigadora senior de Human Rights Watch (HRW).
Long aseguró que tras la publicación, este viernes, de la regulación en el Registro Federal, fecha a partir de la cual tendrá 60 días para su entrada en vigor, puede darse un pronunciamiento de la jueza federal Dolly M. Gee, quien tiene bajo su tutela este acuerdo.
Además, Gee, quien se convirtió en 2010 en la primera jueza chino-estadounidense, recibirá en su despacho las diferentes acciones que emprendan los abogados contra de la nueva reglamentación.
«Una vez publicado (en el Registro Federal), los abogados que tienen el caso de Flores tienen siete días para hacer cambios en las demandas que habían puesto en noviembre del año pasado», cuando se anticipó la iniciativa del Gobierno, explicó la experta.
Para Long, la jueza «va a tener la obligación de pronunciarse si el reglamento (anunciado por el Gobierno) realmente responde a las obligaciones del Acuerdo».
El Acuerdo Flores establece la protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidos a los niños y sus familias durante más de 20 días.
Pero ante un fallo desfavorable por parte de la jueza, el Gobierno tiene la posibilidad de presentar un amparo ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, lo que -según Long- «toma tiempo». En caso de agotarse esa instancia, añadió la jurista, las partes pueden recurrir a la Corte Suprema.
También Peter A. Schey, uno de los juristas que en 1997 alcanzó ese acuerdo con el Gobierno, aseguró que no cree que se llegue a implementar la nueva norma porque, según sus términos, sólo se le puede poner fin con regulaciones que coincidan con sus términos.
Desde la oposición han sido varias las voces que han cuestionado la decisión del Gobierno, entre ellas del senador Bob Menéndez, quien señaló en su cuenta de Twitter que «la detención familiar indefinida NO es la respuesta a la separación familiar».
«He visto de primera mano cómo niños y los padres están detenidos en condiciones abominables, encerrados en jaulas, sin poder contactarse con los miembros de sus familias», añadió Menéndez, para quien esto es «cruel» y «antiestadounidense».
El Caucus Hispano del Congreso, un grupo de legisladores demócratas de origen latino, consideró que esta decisión «causará un daño irreparable a los niños» y «contradice profundamente» los valores estadounidenses, según un mensaje difundido en Twitter.
La nueva regulación llega semanas después de que el Gobierno enfrentara numerosas críticas a raíz de las denuncias de abogados sobre las condiciones de detención de pequeños inmigrantes.
Los abogados advirtieron de que los menores vivían en condiciones insalubres: sin pañales para bebés, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes ni comida adecuada.
La denuncia generó polémica, ya que este tipo de visitas no son habituales y sensibilizó a la opinión pública sobre la situación de los inmigrantes detenidos, muchos de ellos procedentes de Centroamérica.
El presidente Trump, que considera la situación en la frontera una «crisis humanitaria», ha intentado frenar la llegada de inmigrantes mediante regulaciones que exigen, entre otros, que quienes busquen acogerse al beneficio de asilo presenten su solicitud en un país que hayan atravesado en su recorrido hacia EE.UU., bien sea Guatemala o México.
Con los Gobiernos de estos países, Trump firmó acuerdos migratorios que en el caso de México incluye un programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en ese país hasta que se resuelvan sus casos, mientras que Guatemala recibirá las peticiones de inmigrantes salvadoreños y hondureños.
