CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En el Senado de la República arrancó esta tarde la discusión del dictamen para regular la contratación por outsourcing, que busca prohibir la subcontratación que impide el acceso al derecho al trabajo libre y decente, y regular la subcontratación necesaria para el buen funcionamiento del mercado de trabajo y desarrollo económico.
La aprobación de estas reformas a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, del ISR, del IVA, y de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de subcontratación buscará que los trabajadores tengan acceso a derechos laborales que hasta el momento se había limitado por causa de este régimen de contratación.
«Con la aprobación de este conjunto de reformas, el país avanzará en el proceso de transformación que el pueblo ha demandado por décadas. La propuesta es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido por meses entre los poderes legislativo y ejecutivo, a fin de lograr un producto consensado», dijo Ana Lilia Rivera, presidenta de la comisión de Estudios Legislativos Segunda.
«Las políticas laborales no destruyen el empleo ni la riqueza en nuestro país. La reglamentación será mucho más rigurosa, atendible y verificable que seguramente traerá muchos empleos dignos y con seguridad social», dijo Patricia Mercado (MC).
El dictamen establece que queda prohibida la subcontratación de personal, y solo se permite en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta reforma garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución cuyo monto tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador.
Además, establece una multa de hasta 5 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 4 millones 481 mil pesos a las empresas que violenten las disposiciones.
«No podemos seguir en una sociedad de consumo voraz que humilla a los trabajadores. El trabajo no es una mercancía, considerarlo como mercancía o como simple elemento de la producción atenta contra la dignidad del trabajador», dijo Germán Martínez Cázares (Morena).
