La próxima elección de jueces y magistrados es un proceso inédito y complicado en la historia del país y de Aguascalientes que representa un gran reto para todas las autoridades, manifestó Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, fiscal especializado en delitos electorales.
Por lo que el fiscal hizo hincapié en que es necesario poner las reglas claras, para lo cual se tiene que hacer una campaña de capacitación y de prevención del delito, mismo que se tendrá que hacer en conjunto con las autoridades para que al momento del registro conozcan sus derechos y obligaciones en campaña, para que no haya actos anticipados, que no se desvíen recursos públicos, “que sepan las consecuencias que pueden tener, desde una inhabilitación o una nulidad de la elección o hasta la cárcel”.
Destacó que a pesar de que los tiempos están muy justos se trabajará a marchas forzadas para que en tres meses se realice la capacitación.
Informó que la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales estará trabajando de la mano con las Fiscalías Generales del Estado y de la República para atender los casos en los que las organizaciones delictivas quieran incidir en alguna candidatura, para lo cual también existe un acercamiento con la Guardia Nacional.
En este sentido Daniel Gutiérrez dijo que además de la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales se habrá de recurrir a otro tipo de fueros, “nosotros trabajamos con la denuncia anónima, a nosotros nos denuncias los hechos y nos damos a la tarea de investigar, pero si se tienen pruebas, qué mejor”.
En este sentido señaló que se están preparando en la organización, en la reforma constitucional, las leyes secundarias y orgánicas.
En lo que compete al Tribunal Electoral se trabajará en la prevención, investigación y persecución de los delitos electorales que puedan tener lugar dentro del proceso.
Explicó que lo delitos electorales serían prácticamente los mismos que se tienen catalogados para las elecciones de presidente, gobernadores, alcaldes o diputados, aunque algunos cambian debido a que no existen partidos políticos o candidaturas.
Pero destacó que es importante que el electorado sepa que en este caso los delitos electorales son la coacción y compra del voto, la utilización indebida del recurso público para beneficiar a algunas de las candidaturas de jueces y magistraturas ya sea disciplinario o del pleno, mismas que deberán de ser sancionadas, perseguidas y castigadas por la Fiscalía.
Asimismo finalizó que si se da el caso de que algunas o algunos servidores públicos traten de condicionar programas sociales a cambio del voto por alguna candidatura en específico corren cuando se trata de elecciones de diputados o regidores.
