Integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes durante la tercera sesión ordinaria correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, avalaron reformas en materia de feminicidio, con un incremento en las penas para este delito, además de avalar otros en temas de salud, seguridad, educación, familia y derechos humanos, entre otros.
Dentro de los puntos que se abordaron en la sesión ordinaria, las y los congresistas avalaron por mayoría el dictamen de la Comisión de Justicia que resuelven 6 iniciativas que presentaron las congresistas María de Jesús Díaz, Sanjuana Martínez, Gladys Ramírez, Verónica Romo y Laura Ponce.
La modificación señala que se comete feminicidio cuando existen antecedentes o actos que establecen que el sujeto activo cometió amenazas, acoso, lesiones, violencia familiar, laboral, escolar, política o de cualquier otro tipo en contra de la víctima; además, se establece que la pena de prisión para quien cometa este delito, aumentará en una tercera parte más respecto de los mínimos y máximos indicados, cuando la víctima sea menor de 16 años de edad o mayor de 60.
De igual manera, la reforma contempla que las lesiones se sancionan con la agravante cuando se hayan cometido por mutilación, con sustancias corrosivas o hayan sido en los órganos genitales o glándulas mamarias de la víctima, o cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose este como la situación sin protección real o incapacidad que imposibilite su defensa.
Acto seguido, el Pleno avaló por unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que resuelven dos iniciativas que reforman el artículo segundo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; una de ellas la presentaron el diputado Juan Luis Jasso y la legisladora Ana Gómez; y la segunda, los congresistas Adán Valdivia y Alma Hilda Medina; ambas son materia de discriminación.
El objeto de la iniciativa consiste en agregar en el catálogo de derechos humanos, lo relativo a la prohibición de que las personas sean discriminadas por los antecedentes penales, por su condición o situación migratoria.
