CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL). –
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló por 21 votos a favor, tres en contra y 11 en abstención, el dictamen que propone reformar del artículo 19 de la Constitución, para añadir el delito de tráfico ilegal de armas de fuego, como causal para que el Ministerio Público solicite prisión preventiva oficiosa.
El dictamen aprobado y enviado a la Mesa Directiva, consideró que se fortalece la demanda que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha interpuesto en contra de las armadoras de Estados Unidos.
Sin embargo, el mismo documento señala que también va en contra de la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada contra el Estado Mexicano para desaparecer el arraigo y el arresto preventivo.
El diputado Salvador Caro, de MC, refirió que la modificación podría ser utilizada para la persecución política y la denostación de personajes incomodos, mediante la sembrar armas.
Además, añadió que es ocioso reformar el artículo 19, porque ya están incluidos otros delitos que lo contemplan. Es una iniciativa de “pirotecnia legislativa” para acallar que hay falta de resultados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al combate al tráfico de armas, dijo.
Por su parte, la diputada Susana Prieta, de Morena, dijo que con la reforma se busca acatar resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que como está estipulado en el artículo 19 no se ha alcanzado el objetivo de inhibir el tráfico de armas.
Y defendió la política de seguridad del gobierno del presidente López Obrador, y señaló el tráfico que hubo en administraciones pasadas, como sucedió con el operativo “Rápido y furioso”.
La diputada Eunice Monzón, del PVEM, apoyó el dictamen presentado porque ayuda a inhibir el delito, ya que lo considera sin distinguir si son o no armas de uso exclusivo del Ejército.
En su turno, el diputado Santiago Torreblanca, del PAN, señaló que también existen riesgos de que se siembren armas para fabricar delitos, por la forma indiscriminada en que se aplicarían las modificaciones.
