Sólo el 9.3% de los 3 mil 279 participantes en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, impulsado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, se manifestó por la calidad en la justicia, la independencia judicial y la disciplina judicial.
La mayoría, es decir el 73.9%, se pronunció por temas relacionados con la seguridad pública, la protección de sus derechos, atención a víctimas, investigación criminal y por servicios legales que les faciliten el acceso a la justicia, según los resultados preliminares del ejercicio realizado en 14 ciudades de todo el país, con corte al 8 de julio.
Durante los encuentros, en los que participaron integrantes de la sociedad civil, academia, sector privado y sector público, se plantearon 6 mil 716 problemas en diversas temáticas, de los cuales se priorizaron 552 que arrojaron cinco conclusiones relevantes:
La primera es que la mayoría de los participantes se interesaron por temas relacionados con los derechos de las personas en lo general, los derechos de las víctimas y temas relacionados a la seguridad pública.
La independencia judicial, la carrera judicial y el funcionamiento de los tribunales sólo llamó la atención de las personas juzgadoras que representaron el 9% de los participantes en los encuentros.
Otra conclusión es que las personas desconfían de las autoridades, pero las autoridades también desconfían de las personas y de las autoridades, lo que indica que en el país hay un sistema basado en la desconfianza.
«Necesitamos, de manera urgente, espacios y canales institucionales frecuentes y eficientes de comunicación. Es imperante dejar atrás las políticas públicas de escritorio que solo apuntan a que alguien más tiene la responsabilidad», señala el documento.
Asimismo, los encuentros dieron como resultado que a las personas el derecho les parece distante, formal y complejo. «Académicas, abogados, integrantes de la sociedad civil, funcionarios públicos y juzgadores no entendemos que nuestra comunicación con las personas es ineficaz. Insistimos una y otra vez con nuestras fórmulas inentendibles y con propuestas de reformas muy alejadas de la realidad. No hay reflexión sobre el impacto del derecho en los problemas reales de las personas», indica el reporte de resultados.
En materia de seguridad pública, se evidenció que el distanciamiento entre ciudadanía y autoridades es todavía más marcado. «Prevalece la desconfianza, hay muy poca empatía entre personas usuarias y funcionarias. Ambos grupos enfrentan problemas por igual».
Además, se planteó que la capacidad de investigación criminal está rebasada y en todo el país existen altos índices de incidencia delictiva que hacen imposible dar respuestas.
«Las y los funcionarios se enfrentan a procedimientos altamente formalizados y poco prácticos. Las jornadas laborales de los funcionarios públicos son extenuantes. Además, enfrentan mucha fragilidad en sus derechos laborales».
