México, 12 ago (EFE).- El Gobierno mexicano congeló las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder de un sindicato acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un violento grupo criminal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra del líder de un sindicato del ramo de la industria de la construcción Hugo ‘N’ que tiene operaciones en varios estados de la República mexicana”, detalló el organismo en un comunicado.
También se bloquearon las cuentas de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas financieramente con dicha persona, a quien se le atribuye la comisión de un homicidio, así como secuestros, extorsiones y despojos.
De acuerdo con medios locales, el sindicalista es Hugo Bello Valenzo, de la Confederación Libertad de Trabajadores de México.
“El líder sindical en mención utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales”, apuntó la UIF.
A través de prestanombres -continuó- dicha persona manejó a cuatro personas morales a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado.
“Mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos como su esposa y dos de sus hijos realizó retiros en efectivo con los cuales adquirió diez inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) y ocho vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos (0,67 millones de dólares), subrayó el organismo.
De igual forma, la UIF identificó que durante la operación de este “grupo criminal” se registraron depósitos bancarios por 1.252 millones de pesos (unos 56 millones de dólares).
“La UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilícita”, concluyó el texto.
Recientemente, la UIF también anunció el bloqueo de cuentas de dos exaltos oficiales de seguridad pública del país, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, acusados en una corte federal de Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
