CANACINTRA advirtió que combatir la simulación fiscal no es una opción, sino una necesidad imperativa para proteger el desarrollo económico de la región, ante la reciente detección por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de presuntas empresas fantasma en Aguascalientes, lo cual ha reabierto un debate crucial en el sector industrial sobre el impacto económico de la ilegalidad.

La líder del sector industrial enfatizó que estas prácticas irregulares no solo representan un problema de evasión, sino que reflejan un desafío estructural mucho mayor que pone en riesgo la estabilidad de los mercados locales.

La fortaleza industrial de Aguascalientes ante el reto de la ilegalidad

Durante su posicionamiento, la dirigente de la cámara empresarial destacó el esfuerzo histórico que se ha realizado para consolidar un sector productivo competitivo y seguro en la entidad, subrayando que este prestigio no debe verse manchado por conductas ilícitas.

“Aguascalientes ha construido una industria sólida, confiable y comprometida, esa fortaleza no puede ponerse en duda ni por prácticas indebidas de unos cuantos, ni por entornos que generen percepciones de riesgo para quienes sí hacemos las cosas bien”, declaró Erika Muñoz.

Asimismo, la titular de CANACINTRA indicó que el camino a seguir requiere acciones contundentes para cerrar los espacios a la simulación, respaldando al mismo tiempo a las unidades económicas que operan bajo el marco legal. A su juicio, cualquier estrategia que se implemente de manera aislada resultará insuficiente si no se ataca el problema desde su raíz.

Distorsión de mercados y el impacto en las empresas formales

El análisis de la organización industrial apunta directamente hacia cómo la economía informal y las facturas falsas alteran las reglas del juego comercial. La competencia desleal generada por estas prácticas afecta de forma directa a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

La presidenta de CANACINTRA explicó que cada factura simulada genera una desventaja evidente para los negocios establecidos que cumplen con la ley:

• La informalidad distorsiona los mercados locales.
• Se debilita la competencia sana entre proveedores y fabricantes.
• Se castiga económicamente a los contribuyentes cautivos y cumplidos.

Bajo esta premisa, la interrogante principal planteada por el sector productivo se centra en el modelo de entorno económico que se busca consolidar:

“Al final, la pregunta de fondo no es si debemos actuar, eso es incuestionable, sino ¿cómo lo hacemos? ¿Estamos construyendo un entorno donde la legalidad fortalezca la empresa formal o uno en donde la informalidad siga marcando las reglas del juego? Mientras la informalidad siga siendo rentable, la formalidad seguirá cargando el costo”, puntualizó Erika Muñoz.

El desafío de la sanción estratégica y el cumplimiento fiscal

Si bien el sector industrial respalda la persecución de las irregularidades, Erika Muñoz advirtiedió sobre la importancia de actuar con rigor técnico y visión estratégica. La aplicación de sanciones por parte de las autoridades fiscales debe realizarse con absoluta precisión para evitar daños colaterales en el tejido productivo.

Cuando los procesos de fiscalización carecen de claridad o derivan en afectaciones generalizadas, el riesgo se eleva de forma considerable. Esto puede traducirse en daños a empresas formales que operan correctamente, la ruptura de cadenas productivas y la generación de un clima de incertidumbre que perjudica la competitividad de Aguascalientes.

Competitividad global y la revisión del T-MEC

En el plano nacional e internacional, la dirigente empresarial recordó que México atraviesa un periodo determinante marcado por la inminente revisión del T-MEC. Las nuevas exigencias en materia de trazabilidad comercial y los estándares de la competencia global sitúan el estricto cumplimiento fiscal como el núcleo central de la competitividad económica.

Para CANACINTRA, este cumplimiento normativo debe marchar de la mano con la certeza jurídica. Esto implica el diseño de una política integral capaz de perseguir la irregularidad con eficacia, pero que al mismo tiempo logre reducir de manera estructural los índices de informalidad en el país.