Capacitación continua es la que están recibiendo los elementos bajo el cargo del secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Martínez Romo, quien aseguró que esta preparación busca evitar que se incurra en malas prácticas y garantizar el respeto a los derechos humanos. Esta medida se toma en un contexto donde el derecho a la libre manifestación y el actuar de las corporaciones policíacas se encuentran bajo la lupa pública en la entidad, luego de los recientes señalamientos y quejas ciudadanas que acusan un uso excesivo de la fuerza durante la contención de protestas.

Esta postura surge en un contexto de creciente tensión social, donde la escasez de recursos y las demandas comunitarias han llevado a la población a las calles, exigiendo respuestas institucionales y un trato digno por parte de los uniformados.

El marco legal del uso de la fuerza en las detenciones

Frente a las críticas vertidas por diversos sectores, el titular de la corporación estatal enfatizó que los protocolos de actuación no son arbitrarios, sino que responden a normativas estrictas que regulan el nivel de respuesta de los oficiales.

“También hay niveles de usos de fuerza que se encuentran establecidos en la ley, que de acuerdo con cada situación, dependerá su aplicación; soy respetuoso de los comentarios de cada persona al respecto”, apuntó Antonio Martínez Romo.

En este sentido, el secretario indicó que cualquier uso de la fuerza debe cumplir de manera estricta con los principios de necesidad y proporcionalidad, adaptándose al riesgo inminente que enfrente tanto el policía como la ciudadanía a su alrededor. La estrategia busca que los elementos identifiquen con claridad los límites de su intervención para no vulnerar el marco legal.

Tensión social por desabasto de agua activa alertas en el Congreso

El origen de las fricciones más recientes entre la ciudadanía y las fuerzas del orden se localiza en las constantes manifestaciones por la falta de agua en diversas zonas. Vecinos y colectivos sociales se han volcado a las vialidades para visibilizar el desabasto, eventos en los que se han señalado casos donde elementos de la Policía Estatal o Municipal presuntamente ejercieron un uso excesivo de la fuerza.

Esta situación motivó la intervención de la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Nancy Gutiérrez, quien ha realizado diversos llamados públicos dirigidos a las autoridades. La legisladora insta a que se busque una mayor capacitación para que los cuerpos policiacos estén más preparados y conozcan a fondo las leyes que juraron proteger, evitando así caer en actos indebidos que violenten a la población civil.

Cero tolerancia al abuso de autoridad en la corporación

Para brindar certeza a la ciudadanía sobre el compromiso de la corporación con la legalidad, Antonio Martínez Romo enfatizó que los órganos de control interno se mantienen vigilantes ante cualquier reporte de abuso de autoridad. La supervisión busca erradicar las conductas opacas y garantizar que el actuar policial se alinee con las demandas de justicia de la sociedad.

El secretario aseguró de forma contundente que no se tolerarán conductas que atenten contra los derechos humanos de la población. Asimismo, advirtió que en caso de detectarse malas prácticas por parte de los oficiales, se procederá firmemente conforme al reglamento interno. Este esquema de sanciones contempla desde la suspensión temporal hasta la baja definitiva de los elementos que resulten responsables del uso desmedido de la violencia.

Colectivos sociales exigen diálogo sobre despliegue táctico

Por otro lado, la perspectiva ciudadana subraya la urgencia de cambiar el enfoque operacional ante las protestas legítimas. Incluso colectivos sociales y vecinos de las zonas afectadas por el desabasto de agua han señalado que la protesta social es un derecho constitucional.

Para los afectados, la respuesta de las fuerzas del orden debe priorizar siempre el diálogo y la mediación comunitaria, antes de recurrir a cualquier despliegue táctico que pueda vulnerar la integridad de los manifestantes. La exigencia social radica en que la policía actúe como un ente de protección y no de confrontación durante las crisis comunitarias.