CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- El martes, la empresa de energía Iberdrola y el gobierno de México dieron a conocer que llegaron a un acuerdo para la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica en México.
Tras el anuncio, el Instituto Mexicano para la Coetitmpividad (IMCO) indicó que dicha compra no nacionaliza la industria eléctrica, pues pese a que ahora cuenta con financiamiento del sector público, legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada.
La venta de las centrales en México, por un costo de 6 mil millones de dólares, fue a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.
El IMCO explicó que a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que quiere decir que la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica.
Abundó que del total de activos en la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado (gas natural y vapor) -8,436 MW- y una es eólica -103 MW-. Asimismo, 10 operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía (PIEs) -centrales privadas que venden toda su producción a la CFE en contratos de hasta 30 años instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013/14- y tres lo hacen de forma privada (es decir, participan directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista).
El IMCO señala que si bien el gobierno mexicano argumenta que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6% a 55.5%, la mayor parte de esta generación ya está bajo control de la empresa.
Lo anterior, dado que los Productores Independientes de Energía ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública.
En otras palabras, indica, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la Comisión Federal de Electricidad.
Esta venta, subraya, no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados.
«El anuncio que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro», indica el IMCO.
¿Qué busca Iberdrola?
En un comunicado, el Instituto para Competitividad menciona que la transacción de Iberdrola se da en un contexto que busca reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones. «En noviembre de 2022, la empresa anunció el objetivo de invertir 47 mil millones de euros (51 mil millones de dólares) en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años. En este sentido, la venta le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias».
