El Gobierno de Chile valoró este viernes la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ, por sus siglas en inglés), que pidió detener la operación militar de Israel en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y instó al Estado judío a cumplir con el dictamen del tribunal.
En un comunicado, la Cancillería del país suramericano indicó que «Chile aprecia particularmente la solicitud de la CIJ para que el Estado de Israel detenga inmediatamente su ofensiva militar en Rafah y mantenga abierto el cruce de Rafah, permitiendo el suministro de servicios básicos y asistencia humanitaria».
El ministerio también saludó que el principal órgano judicial de Naciones Unidas pida a Israel que «adopte medidas para garantizar el acceso a la Franja de Gaza de cualquier comisión de investigación encargada por órganos competentes de las Naciones Unidas para investigar denuncias de genocidio».
Es la tercera ocasión que la CIJ emite medidas cautelares contra Israel desde que Sudáfrica iniciara un procedimiento el 29 de diciembre por el que denunciaba al Estado hebreo por violación de la Convención sobre el Genocidio de 1948.
Esta orden de la CIJ llega en la misma semana que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), otro tribunal situado en La Haya, solicitó autorización para emitir órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como los principales líderes de Hamás, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza desde octubre.
Desde el inicio de la ofensiva, cerca de 36.000 personas han muerto por fuego israelí en la Franja de Gaza y cerca de 80.000 han resultado heridas, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino, gobernado por Hamás.
Con cerca de 500.000 personas, Chile alberga una de las comunidades palestinas más grandes fuera del mundo árabe y el actual presidente, Gabriel Boric, es un reconocido defensor de la causa palestina, aunque siempre ha rechazado la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.
El país suramericano reconoció a Palestina como un Estado «libre, independiente y soberano» en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014).
