La DEA (Drug Enforcement Admistration), en su informe anual, el primero desde que los cárteles mexicanos fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por Estados Unidos, reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene sus tentáculos criminales extendidos prácticamente en todo el país, incluido Aguascalientes.
La Administración de Control de Drogas (DEA) identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una de las organizaciones criminales más grandes de México, toda vez que dispone de alrededor de 18 mil miembros desplegados en más de 100 países.
La información sobre la presencia del CJNG en México varía según las fuentes. La DEA estima que opera en 21 entidades, mientras que una investigación de AC Consultores indica que la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, mantiene actividades en 28 Estados de la República, Aguascalientes entre ellos.
La expansión territorial del “cártel de las cuatro letras” va de la mano con las disputas que sostiene con otras agrupaciones delictivas, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), principalmente.
PROVEEDOR CLAVE DE FENTANILO
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas de México, además de ser un proveedor clave de fentanilo ilícito a Estados Unidos.
El CJNG ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras mexicanas, con presencia en más de 40 países. El cártel utiliza sus vastos recursos financieros, su singular estructura de mando basada en franquicias, su propensión a la violencia y su acceso a funcionarios corruptos para mantener y expandir su influencia sobre el narcotráfico en México.
Según fuentes periodísticas mexicanas, el CJNG podría capitalizar el conflicto entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, esencialmente alineándose a favor de sus antiguos rivales, Los Chapitos, en contra de Los Mayos. Una alianza estratégica entre el CJNG y Los Chapitos tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, poder de fuego y acceso de estos grupos a funcionarios corruptos, lo que podría resultar en una alteración significativa del equilibrio existente de poder criminal en México y podría servir para aumentar el flujo de drogas hacia el norte y el tráfico de armas hacia el sur en la frontera entre Estados Unidos y México.
IMPACTO EN ESTADOS UNIDOS
El CJNG es una de las amenazas más importantes para la salud pública, la seguridad pública y la seguridad nacional de Estados Unidos. El cártel opera laboratorios clandestinos en México, donde fabrica drogas ilícitas y utiliza vastas redes de distribución para transportarlas a Estados Unidos.
Los socios, facilitadores y afiliados del CJNG operan en casi los 50 estados de EE. UU.
ACTIVIDAD DELICTIVA
El CJNG está fuertemente involucrado en la fabricación, el tráfico y la distribución de drogas ilícitas, como el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína. Si bien otros cárteles abordan el lavado de dinero de diferentes maneras, el brazo financiero del CJNG, Los Cuinis, ocupa un lugar destacado en la estructura de liderazgo del cártel. Los Cuinis lideran la diversa red de operaciones y tácticas de lavado de dinero del cártel para repatriar a México las ganancias globales del narcotráfico. Este grupo y otras facciones del CJNG utilizan CMLN, intercambios de criptomonedas, contrabando de efectivo en grandes cantidades, lavado de dinero basado en el comercio y otros métodos para lavar las ganancias ilícitas relacionadas con las drogas.
OTRAS ACTIVIDADES CRIMINALES
Es probable que el CJNG esté aumentando su participación en actividades no relacionadas con el narcotráfico, como el robo de gasolina, los esquemas de extorsión, la infiltración en industrias legítimas, la imposición de impuestos al tráfico de personas y la perpetración de esquemas inmobiliarios, incluyendo fraudes de tiempo compartido, con fines de lavado de dinero. Los miembros del CJNG participan cada vez más en estas actividades para diversificar sus fuentes de ingresos y proteger los activos del narcotráfico de las incautaciones de las fuerzas del orden.
