México, 11 feb (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México ordenó este martes la protección de las mujeres que denunciaron públicamente en las últimas semanas haber sufrido violencia sexual en su niñez cuando estudiaban en un colegio a cargo de la congregación religiosa Los Legionarios de Cristo.
Mediante un comunicado, la CNDH indicó que emitió medidas cautelares en razón de que las mujeres -que estudiaron en un centro del suroriental estado de Quintana Roo- «manifestaron temor ante las eventuales represalias que pudieran recibir ellas y sus familias».
Esto «por el hecho de levantar la voz en nombre propio y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual», tras estos hechos que denuncian que ocurrieron a comienzos de la década de 1990.
La comisión señaló que dichas medidas fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) «y tienen por objeto garantizar y salvaguardar la integridad física y seguridad personal de las agraviadas».
Además de «prevenir cualquier transgresión a sus derechos que pudiera suscitarse por exponer sus casos ante la opinión pública».
Hace unos días, la CNDH solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) trabajar con las organizaciones religiosas en la prevención y atención de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y, por ello, envió una comunicación oficial a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La comisión exhortó a la SEP a que, de forma coordinada con la Segob, los gobiernos y secretarías de Educación de todos los estados de México, así como con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, «diseñen estrategias para que todas las escuelas públicas y privadas del país adopten medidas para prevenir esa violencia».
Además les pidió «establecer mecanismos para la denuncia oportuna de los casos que se susciten».
En el documento se precisó que será especialmente importante trabajar «para que esos mecanismos favorezcan la denuncia y eviten acciones o procedimientos que pudieran generar impunidad a favor de las personas presuntas agresoras».
También se propuso que los protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes «deben ser un requisito normativo que se exija para autorizar el funcionamiento de las escuelas privadas, aunado a su constante supervisión».
En el comunicado, la Comisión señaló que las acciones que en materia de prevención y atención a la violencia sexual sean diseñadas por la SEP «deberán implementarse en todo tipo de asociación, institución, albergue, grupo o instalación dedicada a actividades educativas» y conforme a la Ley General de Educación.
Dijo que estas incluyen a las que se encuentran a cargo de organizaciones religiosas, los albergues-escuelas y estancias infantiles, entre otras, e incluir, invariablemente, la opinión y participación de las niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes «las autoridades educativas y el personal docente tienen diversas obligaciones para proteger la seguridad e integridad del alumnado».
Entre estas obligaciones que se encuentra «denunciar ante las autoridades competentes todo acto de violencia en su contra».
Los Legionarios de Cristo hicieron público un informe en diciembre pasado en el que reconocen que entre 1941 y 2019 miembros de su congregación violaron a 175 niños.
