Con el firme objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección de niñas, niños y adolescentes en la entidad, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes alcanzó un acuerdo histórico. Por unanimidad, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, MORENA, PVEM y MC avalaron la reforma a los artículos 116 y 147 del Código Penal local, la cual establece nuevas medidas para combatir la corrupción de menores vinculada a juegos de azar y apuestas electrónicas.
Esta reforma responde a la necesidad urgente de actualizar el tipo penal de corrupción de menores frente a las nuevas dinámicas sociales. La iniciativa busca frenar el uso desmedido de máquinas tragamonedas y dispositivos de apuestas que operan en diversas zonas del estado, poniendo en riesgo el desarrollo y bienestar de los sectores más vulnerables de la población.
Nuevas sanciones para proteger a la niñez
El espíritu de la reforma es claro: se debe erradicar cualquier práctica que ponga en riesgo el sano desarrollo de los menores de edad. Bajo esta nueva normativa, se incorpora como modalidad del delito de corrupción de menores el hecho de inducir, incitar, facilitar, permitir o tolerar que personas menores de edad o incapaces utilicen máquinas de juegos de azar o dispositivos electrónicos de apuesta con incentivos económicos directos.
El peso de la ley será contundente para quienes incurran en estas conductas. La legislación establece sanciones que van de los 6 a los 14 años de prisión, acompañadas de una multa que oscila entre los 200 y 500 días, además del pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Por otro lado, la actividad de instalar y operar máquinas tragamonedas será castigada con penas de 3 a 5 años de cárcel, endureciendo significativamente el combate contra este fenómeno.
Coordinación interinstitucional y supervisión municipal
El Congreso del Estado no solo ha buscado endurecer las penas, sino también optimizar la capacidad de respuesta de los diversos niveles de gobierno. En este sentido, se aprobó una base legal clara que faculta a las autoridades estatales y municipales para solicitar y coordinar el acompañamiento de las autoridades federales en tareas de vigilancia y operativos.
Sumado a lo anterior, el Pleno legislativo avaló, con 23 votos, un dictamen en materia de supervisión administrativa. El objetivo primordial de esta medida es reforzar las facultades de inspección y verificación de los ayuntamientos, asegurando que se cumpla estrictamente con la normativa de las licencias y permisos otorgados, con especial énfasis en la salvaguarda de niñas, niños y adolescentes.
Esta reforma prevé también la posibilidad de asegurar los bienes cuando se detecten irregularidades, conforme a la legislación aplicable. Con esta facultad, los municipios podrán tener una intervención mucho más eficaz en la prevención de situaciones de riesgo, evitando que los espacios de juego ilegal proliferen en el territorio estatal.
Renovación en la CDHEA: nuevos perfiles para la defensa de derechos humanos
En el marco de la séptima sesión ordinaria, la actividad en el Congreso de Aguascalientes no se limitó a las reformas penales. El Pleno del Congreso llevó a cabo la elección, mediante votación por cédula, de las ciudadanas y ciudadanos que integrarán el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) para el período 2026-2030.
Tras el proceso de votación, los perfiles electos para integrar este órgano colegiado son:
- Walter Guillermo Vela García (25 votos)
- Karla María García Alba (25 votos)
- Dulce María Rodríguez Ramos (24 votos)
- Jesús Josafat Gutiérrez Sánchez (18 votos)
- Susana Lourdes Lupercio Valtierra (25 votos)
Los nuevos integrantes del Consejo Consultivo ya han rendido la protesta de ley correspondiente. Su encargo tendrá una duración de cuatro años, abarcando del 19 de abril de 2026 al 18 de abril de 2030, periodo durante el cual deberán supervisar y velar por el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en el estado de Aguascalientes.
Con estas acciones, la LXVI Legislatura demuestra un compromiso activo tanto en la actualización de las leyes que afectan la seguridad diaria de los menores, como en la conformación de organismos ciudadanos que garantizan la observancia de las garantías individuales en nuestra entidad.
