México.- La Suprema Corte de Justicia de México debatirá este jueves la constitucionalidad de la consulta popular propuesta por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar por corrupción a sus predecesores, una iniciativa que tiene pocas posibilidades de prosperar.
«Mañana es un día importante, sin duda. La decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente porque se va a resolver si se acepta que se aplique la democracia participativa», expresó este miércoles el presidente en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
La pregunta planteada reza: «¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?».
A pesar de las expectativas de López Obrador, la consulta popular que quiere convocar difícilmente recibirá el aval del alto tribunal puesto que los magistrados ya tienen encima de la mesa un proyecto preliminar que tacha la iniciativa de «concierto de inconstitucionalidades».
Redactado por el magistrado Luis María Aguilar, el contundente proyecto considera que la consulta llevaría a «condicionar el ejercicio y la protección de los derechos humanos a la voluntad de las mayorías, lo cual es contrario a la Constitución».
«Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo», establece.
No obstante, López Obrador aseguró ese miércoles que la iniciativa no supone «violación de derechos humanos» y advirtió que si la Corte tumba su iniciativa, reformará la Constitución para facilitar las consultas populares.
«En la solicitud que presentamos, se establece con mucha claridad que, en el caso de que el pueblo de México decida que sean juzgados los expresidentes, se actúe de conformidad con los procedimientos legales», reivindicó.
López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción de los Gobiernos anteriores, envió al Senado la iniciativa para que los ciudadanos decidan si el actual Gobierno debe investigar y, en su caso, llevar a juicio a los expresidentes.
Aunque el mandatario es el principal promotor de esta consulta, apoyada por dos millones de firmas ciudadanas, López Obrador ya ha avanzado que votaría en contra de enjuiciarlos porque quiere evitar la «venganza».
Tito Garza, jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo este miércoles a Efe que consultar a la ciudadanía si alguien debe ser juzgado «atenta directamente al debido proceso, a la presunción de inocencia a la igualdad y a las instituciones judiciales».
Por ello, predijo una «votación contundente» de la Corte en contra de la propuesta del presidente.
En su propuesta, López Obrador aseguró que durante el Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fue «cuando crecieron más» las desigualdades y que con Zedillo (1994-2000) se llevó «a sus últimas consecuencias» las «políticas privatizadoras».
Acusó a Fox (2000-2006) de intervenir «indebida e ilegalmente» en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Calderón (2006-2012), y a este lo señaló por entregar territorio a «las bandas delictivas».
De su predecesor directo, Peña Nieto (2012-2018), dijo que recibió «grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial».
