La Administración del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, ha significado no sólo el incremento de los niveles de inseguridad, sino también un notable aumento de la corrupción.
De acuerdo a los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) del Inegi, que se aplica de forma bianual, se muestra que en el año 2015 la Entidad tenía un registro de 8,302 víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, pero en el 2019 la tasa de prevalencia de corrupción repuntó 76.7%, con 14,677 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece además que Aguascalientes es una de las tres entidades que presentaron un deterioro más acentuado en el tema de la corrupción.
En cuanto a la tasa de prevalencia de actos de corrupción, en los dos años referidos también se observa un importante ascenso de este fenómeno, pues en el 2015 se documentaron 20,186 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en el 2019 la cifra se disparó a 25,935, lo que supuso un incremento del 28.5 por ciento.
La mayor cantidad de actos de corrupción en la Entidad se da cuando los ciudadanos entran en contacto con autoridades encargadas de la seguridad pública. El segundo trámite con más frecuencia de corrupción en Aguascalientes es en la apertura de empresas, otrora uno de los fuertes de este Estado.
De hecho, este último trámite ha alcanzado un grado de corrupción en el que una de cada tres empresas (32%) ha padecido algún acto de este tipo en el último año, de acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Si bien la percepción ciudadana de corrupción en el Gobierno estatal es del 76.9%, esta Entidad no está sola cuando se trata de la frecuencia con la que los ciudadanos se enfrentan a la deshonestidad impuesta por el panista, pues la Policía estatal también cuenta con una percepción frecuente y muy frecuente en este tipo de actos con un 87.2%; en el Ministerio Público con un 72%; entre los jueces y magistrados con un 63.7% y en los hospitales públicos con un 54.1 por ciento.
