Un nuevo terremoto político y social fue provocado por la publicación en el semanario Newsweek en español, en conjunto con el portal informativo Animal Político, que da cuenta detallada del presunto desvío de más de 17 millones de pesos en la delegación de la Secretaría del Bienestar de Aguascalientes, operado mediante compras y asignaciones presupuestales directas a empresas fantasma o de reciente creación.
La información dada a conocer por ambos medios detalla 22 contratos “hechos en su mayoría con empresas que son solamente una fachada, así como pagos exorbitantes por arrendamientos inmobiliarios, compras desmesuradas de artículos para limpieza, compañías que se constituyeron prácticamente días antes de ser contratadas por la dependencia federal y otras singularidades, son las que fueron encontradas por este medio en una investigación realizada en Aguascalientes”, explica, y añade el dato de que el desvío podría ascender a 17 millones 138 mil 209 pesos.
La nota informativa da cuenta de que los presuntos desvíos habrían sido realizados en el período en el que se dio la contingencia por la pandemia de coronavirus, que la dependencia realizó diversas compras y contrataciones de bienes y servicios vía licitación directa, lo que contradice la ley para los entes públicos.
De acuerdo a la investigación del semanario, que cita datos obtenidos a través de Compranet, entre las empresas beneficiadas por la Delegación en Aguascalientes de la Secretaría del Bienestar destacan L&PR Perfect, Distribuidora NORTAGS, Zenil Construcciones, Grupo Corporativo ARDISA, Grupo Constructor Río, Nalu Produciendo, Grupo Empresarial, Publirota; y Servicios, Equipamientos y Desarrollos Hidrocálidos; así como personas físicas que en muchos de los casos son -según la publicación- las mismas accionistas de las mencionadas empresas.
La información que destaca Newsweek en español enfatiza que la información recabada demuestra que se “contravino la ley y a la Secretaría de la Función Pública -dependencia del Poder Ejecutivo Federal con funciones de contraloría-, para la cual la licitación pública es el procedimiento de contratación que garantiza como regla general la obtención de las mejores condiciones de contratación”.
