CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Tras afirmar que a días de que concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador deja un país sumido en una espiral de violencia y un legado de muerte, como nunca se había visto en la historia de México, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, advirtió que es indispensable un cambio de estrategia y que la Guardia Nacional retorne a su esencia como un cuerpo de naturaleza civil.
Sostuvo que la militarización de un país como respuesta a la inseguridad puede parecer una medida rápida y efectiva ante los altos niveles de delincuencia que vive México, pero en realidad tiende a generar más inseguridad y violencia.
En un comunicado, señaló que por un lado se desaparece a las policías civiles preventivas, de proximidad e investigadoras, y por el otro, se provoca el uso excesivo de la fuerza letal y las consecuentes violaciones de derechos humanos, además de la desconfianza y descrédito de la población hacia las Fuerzas Armadas.
Cortés Mendoza aseguró que el incremento de la violencia e inseguridad en México evidencia que la militarización que propone Morena no es la solución y que el régimen fracasó en la principal razón del Estado, que es garantizar la vida, la integridad y seguridad de las personas.
Dijo que el PAN tiene toda la disposición de ayudar a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, a que las y los mexicanos recuperen la paz y seguridad, por lo que confió en que tenga la apertura y voluntad para revisar, construir y corregir su estrategia.
El líder nacional del blanquiazul afirmó que la violencia en el país se ha incrementado sustancialmente en los últimos 18 años por el uso del ejército en tareas de seguridad. «Convencidos de que no era la solución, desde el sexenio pasado los legisladores del PAN, PRD, MC y Morena presentamos y ganamos ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior», recordó.
«En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se exponenció el uso de las fuerzas militares, al grado que desaparecieron la policía federal civil. Mintieron y violentaron la Constitución al hacer militar la Guardia Nacional, que debería haber sido civil, pero optaron por la completa militarización», señaló.
El dirigente panista indicó que organismos como la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos han rechazado de manera categórica la militarización de la seguridad pública porque generará violaciones de derechos humanos y perpetuará la impunidad, además de ir en contra de los tratados internacionales de los que México es parte.
«En México vivimos el peor momento de violencia e inseguridad, el gobierno saliente deja un saldo de más de 200 mil personas asesinadas, y niveles récord en extorsiones, desapariciones, y el aumento del crimen organizado en todo el país», lamentó.
Acción Nacional pide que no utilicen nuevamente la ilegítima aplanadora legislativa en un tema que duele a los mexicanos y se construya una nueva estrategia de seguridad pública.
Consideró que se debe avanzar hacia la transición de la Guardia Nacional a un Modelo Policial Civil, en un proceso ordenado y fiscalizado por instancias nacionales e internacionales, con mecanismos reforzados de certificación.
Destacó que con base su plataforma electoral registrada ante el INE, para enfrentar los retos de la creciente inseguridad y violencia, el PAN propone:
Acciones concretas para la prevención del delito, reconstrucción del tejido social, programas y campañas de civismo para crear en la sociedad respeto a la autoridad y a la ley.
Preparar, orientar, ocupar laboral, deportiva, cultural y recreativamente a nuestros jóvenes, evitando que caigan en las drogas y en la delincuencia.
Garantizar la reacción inmediata de policías civiles de proximidad, policías preventivos y de investigación; regresar y aumentar los recursos a las policías municipales y estatales.
Mayor uso de la tecnología para la vigilancia e inteligencia policial, análisis de datos y reconocimiento facial, colaboración entre estados, para resolver casos de manera más eficiente.
Desarrollar y utilizar sistemas de evaluación y control ciudadana.
Estímulos a la honestidad y medidas estrictas para combatir la corrupción policial y aumentar la confianza en las fuerzas de seguridad. Dignificar el trabajo policial, con un salario base de al menos tres veces el salario mínimo.
Fiscalías autónomas, transparentes, interconectadas y coordinadas y que sí rindan cuentas.
Uso responsable de las Fuerzas Armadas, limitando el uso de la fuerza y su temporalidad para garantizar que se ajusten a estándares internacionales de derechos humanos y minimizar su aplicación a situaciones concretas y de estricta necesidad.
Una política de Estado que se enfoque en la prevención y combate del homicidio, combate al secuestro, extorsión, ciberdelito, robo en transporte público y casa habitación.
Que se tipifique el delito de narcoterrorismo de grupos criminales con investigación especializada en la que se puedan aplicar los instrumentos de asistencia y cooperación internacional.
Fortalecer la cooperación internacional y fronteriza en la lucha contra el crimen transnacional, el tráfico de drogas y tráfico de armas.
Dignidad y blindaje en el sistema penitenciario, para que no se siga delinquiendo desde su interior y se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad, promoviendo su reinserción y previniendo la reincidencia.
