México, 13 nov (EFE).- La plataforma «Observatorio contra la tortura», que denuncia las carencias en la implementación de la Ley General contra la Tortura en México, fue presentada este miércoles por varias organizaciones de la sociedad civil y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el país.
La nueva herramienta, alojada en el portal www.sintortura.org, expone con datos e interpretaciones las deficiencias federales y estatales en la aplicación de esa ley, que aprobada en 2017 busca prevenir que el Estado utilicen la tortura, por ejemplo, para obtener pruebas o confesiones.
«Sabemos que, en los últimos años, los organismos internacionales de derechos humanos que han revisado la situación de la tortura en México han constatado que es un fenómeno generalizado», explicó el responsable de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab.
El representante del organismo internacional, apoyado en datos de la «Encuesta nacional a la población privada de libertad», publicada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano (INEGI), expuso que el 75,6 % de los encuestados dijo sufrir violencia psicológica y el 63,8 % violencia física en el arresto.
Todavía según las cifras públicas, una tercera parte de las personas agredidas aseguraron haber sido objeto de algún método de asfixia y a una quinta parte se le infligieron descargas eléctricas.
En la búsqueda de una solución, Jarab consideró la de 2017 como «una muy buena ley» que, con sus medidas, «podría ayudar a erradicar brevemente la tortura», pero lamentó observar, dos años después de la aprobación, «muchos problemas en su implementación y el incumplimiento de plazos».
Lucía Chávez Vargas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), relató que el portal, cuya elaboración tomó un año, nace para «monitorear y evaluar la actividad de las autoridades», ya que, precisó, «la tortura continúa siendo una práctica en el país y en total impunidad».
Para medir hasta qué punto los tratos degradantes son habituales y exentos de responsabilidades, en la web se presenta la información recopilada distribuida en diez parámetros distintos, conformados a partir del análisis de más de veinticinco indicadores.
Todos los datos disponibles en la plataforma fueron conseguidos o bien gracias a la información publicada por las instituciones implicadas o mediante solicitudes tanto a la Fiscalía General como a las de las diferentes entidades federativas.
Las cifras recopiladas exponen graves carencias judiciales, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que durante el año 2018 se iniciaron 1.248 expedientes de investigación por delitos de tortura y, sin embargo, solo se dieron dos sentencias condenatorias; a nivel estatal no hubo ninguna condena.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes -el nombre completo que recibe la normativa- requiere que cada entidad federativa cree una fiscalía particular para perseguir la tortura, pese a que hay un transitorio que autoriza a que, por cuestiones de presupuesto, operen entidades de un menor rango pero también especializadas.
Según informó Stephanie Erin Brewer, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en el 2019 cumplen al menos con el transitorio «solo diez estados, una tercera parte» del país, mientras que «diez entidades federativas no tienen ningún organismo parecido».
CIFRAS QUE NO VARÍAN
Las cifras no mejoran en lo a que víctimas registradas se refiere, ya que, del 2014 al 2018, hubo solo 513 registros a nivel federal, por los 9.998 expedientes de investigación abiertos en el mismo lapso de tiempo.
De todos los casos abiertos en esos cuatro años, solo 100 personas, es decir, el 1 %, pudo tener una reparación integral por parte de las autoridades y de acuerdo a lo que establece la Ley, reveló Natalia Pérez Cordero, de la ONG Fundar.
Pérez puso el acento también en el bajo presupuesto dedicado a prevenir, investigar y sancionar la tortura, ya que, en sus palabras, con esas partidas «pareciera que la tortura no es un eje prioritario en la gestión de la justicia».
«El presupuesto previsto para la fiscalía federal especializada en torturas para 2020 es de 750 mil pesos. Menos del 1% de lo que se destina a la Guardia Nacional», denunció.
La activista Lucía Chávez coincidió con su compañera, pero recordó que «para investigar quince mil denuncias nunca hay número suficiente de funcionarios», y pidió la creación de equipos que impulsen «investigaciones de contexto».
