Por Erick Cortés.- Sólo tres semanas han pasado desde que Javier Milei tomó posesión como presidente de Argentina. Desde esa fecha, las jornadas en Buenos Aires han estado marcadas por una ola de protestas contra las reformas del nuevo presidente.
Entre las más numerosas están las marchas que este miércoles y jueves han realizado unos 20 mil integrantes de las principales centrales obreras del país y de diversas organizaciones sociales que rechazan las políticas económicas de Milei.
Recientemente, el mandatario anunció 300 reformas para transformar el sistema económico del país sudamericano. Por decreto, las reformas reducen los derechos laborales, se despide a más de 7,000 trabajadores del estado y se anuncia la privatización de decenas de empresas.
En el Omnibus, un paquete de leyes que fue entregado al congreso esta semana, Milei propone declarar un “estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” que se prolongaría hasta el 31 de diciembre del 2025.
Lo anterior, permitiría al Ejecutivo decretar leyes, sin consultar al congreso, para el control de la economía argentina, severamente dañada por los altos índices de inflación de los últimos años.
La tensión en las calles crece, al igual que el constante enfrentamiento ideológico entre seguidores y opositores a Milei, sobre si las medidas tendrán un efecto positivo o no en la economía. Donde existe más consenso, es en los tintes autoritarios que ha dado el nuevo gobierno, al dar poco espacio para el diálogo político. “Basta de decretazos para sacar derechos a los trabajadores”, reza una de las consignas de la Confederación General del Trabajo.
Frente a la ola de manifestaciones, la respuesta del oficialismo ha sido endurecer las sanciones contra la protesta social, con numerosos despliegues policiales en las calles de Buenos Aires y el blindaje de edificios gubernamentales y de los alrededores de la Plaza Mayor.
Pero las medidas contra las protestas serían más severas si el congreso aprueba una de las políticas más autoritarias de Milei, en la que propone sancionar con hasta seis años de prisión a los organizadores de cualquier manifestación pública en la que participen al menos tres personas, sean residentes o extranjeros, que no sea notificada y aprobada por el Ministerio de Seguridad.
Otras acciones que han elevado el descontento social fueron el decálogo de medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, que devaluaron la moneda un 50% y eliminaron los subsidios al transporte y la energía.
