Lo que a simple vista parece un robo en despoblado sucedió ayer: Gobierno del Estado canceló, de manera unilateral y sin previo aviso, el permiso de circular a varias rutas del transporte urbano.
Hasta la fuerza pública intervino en el asunto y su sola presencia amedrentó a concesionarios y choferes, quienes de un momento a otro perdieron ingresos y, por lo pronto, su fuente de trabajo.
En respuesta, las autoridades ordenaron la incursión de camiones del Estado de México como parte de su estrategia para echar a los concesionarios hidrocálidos que se niegan a vender sus acciones al grupo ADO, un acuerdo que aparentemente ya estaba planchado; obviamente con esta acción se infiere que no fue ninguna improvisación.
Los dueños de los camiones son presionados a vender, quienes a cambio recibirían no dinero, sino acciones de la empresa foránea ADO, y la amenaza está latente: si no quieren vender simple y sencillamente la Coordinación de Movilidad parará más rutas pues el asunto es claro: o venden o se quedan fuera de la jugada.
El problema es que en su afán de cumplir una de sus promesas de campaña de tener un transporte público de excelencia, un transporte de 10, aunque no dijo de 10 qué, el gobernador ha hecho dos que tres iniciativas que han terminado en fracaso, como el de este momento.
La acción que se realizó ayer es una manera nada subliminal de despojar a concesionarios que, creyendo en la palabra del gobernador, se endeudaron comprando camiones de manufactura china que terminaron siendo de la línea YoVoy.
Pero evidentemente estos hechos no sólo afectan a los concesionarios que no se doblegan, ni a los sufridos choferes de los urbanos, vamos, ni a los miles de usuarios, sino que genera un ambiente de desconfianza e inestabilidad, pues con qué confianza los inversionistas, del rubro que sea, van a traer su dinero si saben que pueden perderlo por una desatinada decisión de las autoridades que primero les bajan el cielo y las estrellas y luego los mandan al abismo, quedando en entredicho el Estado de Derecho.
Y esto sucede en el peor momento para los miles de aguascalentenses, porque no olvidemos que esta mañana se ha dado el regreso masivo a clases presenciales en todos los niveles.
Aunque también ocurre en el mejor momento político para el gobernador, pues si algo sale mal, la responsabilidad, por no llamarle culpa, será de los concesionarios, no de sus malas decisiones.
El sensible tema del transporte público ha sido, por generaciones, un problema que pasa de sexenio en sexenio, pero ninguno como éste que en su afán por ‘mejorar’ ha dado tumbos y ha tenido fracasos, y no dicho por sus adversarios, una palabrita de moda, sino por los más de doce mil usuarios del transporte público, los más afectados.
