Los Ángeles, 27 ago (EFEUSA).- Las autoridades de inmigración están retirando los permisos especiales que permiten permanecer en Estados Unidos a padres indocumentados de niños que reciben un tratamiento médico vital, denunciaron abogados y organizaciones.
Según han dado a conocer, varios inmigrantes indocumentados han recibido en los últimos días notificaciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en las que la agencia les informa que ya no están protegidos por el programa Medical deferred action.
Este amparo protege de la deportación a padres de niños estadounidenses que sufren enfermedades graves o tienen condiciones de salud que los obliga a depender de sus familiares.
«Estos inmigrantes se consideraban como sagrados. Estados Unidos no atentaba contra la salud de sus niños por eso permitía que estos padres ejemplares se quedaran en el país», dijo a Efe el abogado de inmigración Alex Galvez, quien dice tener varios clientes afectados con esta notificación.
Galvez explicó que el programa también ha favorecido a menores indocumentados y a los padres que buscaron ayuda para curar enfermedades graves en Estados Unidos.
Miembros del Centro Internacional de Inmigrantes de Irlanda (IIIC) en Boston (Massachusetts) también recibieron notificaciones de USCIS dirigidas a cinco de sus clientes en las que la agencia federal les concede un plazo de 33 días para que abandonen el país.
«Todas estas familias están aquí recibiendo tratamiento que no está disponible en sus países de origen, y nuestro gobierno les ha emitido una sentencia de muerte», dijo en un comunicado Ronnie Millar, director ejecutivo de IIIC.
«Justo cuando crees que la administración no puede caer más bajo, encuentra una nueva forma de torturar a las personas y, cada vez más, con un enfoque extraño en lastimar a los niños», agregó.
Una de las afectadas es la hondureña Mariela Sánchez, quién llegó en 2016 con su familia buscando ayuda para salvar la vida de su hijo Jonathan, de 16 años, que sufre de fibrosis quística. La madre centroamericana ya perdió una hija por la misma enfermedad tras un erróneo diagnostico en su país de origen.
La hondureña hace parte de las familias que llegaron a buscar ayuda a hospitales de Boston y que se ve amenazada por la nueva política, según IIIC, que defienden al menos 20 casos como el de Sánchez.
Galvez indicó que las bases del beneficio son las mismas que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), o el beneficio que reciben los padres indocumentados de militares.
«Esto se daba por razones humanitarias, son padres con niños que sufren cáncer, que no pueden caminar, con síndrome de Down, es lo más inhumano que hemos podido ver de esta administración», recalcó el abogado.
A los padres indocumentados al amparo del programa Medical deferred action se les otorga un permiso de trabajo, por lo general de dos años, y quedan protegidos de la deportación.
En una nota enviada a Efe, USCIS dijo que ahora «ya no considerará estas solicitudes, sino que enfocarán sus recursos en administrar fielmente el sistema de inmigración legal de la nación».
En una declaración atribuida a una vocera de USCIS, y que no fue identificada, se informó que estos casos están siendo remitidos a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia que revisará cada uno y hará una determinación final.
USCIS recibía al año cerca de un millar de solicitudes bajo este programa, la mayoría de las cuales estaban basadas en apoyo familiar o razones médicas no fueron aprobadas, según la nota de prensa.
El cambio de política inició el pasado 7 de agosto y a raíz de ello cualquier solicitud pendiente será denegada y los solicitantes recibirán notificaciones por correo.
El senador demócrata por Massachusetts Ed Markey criticó la decisión durante una manifestación realizada el lunes para condenar el cambio de política.
«Esta es una nueva bajeza, Donald Trump está deportando literalmente a niños con cáncer», dijo el legislador
Además de California y Massachusetts, abogados de Carolina del Norte advirtieron que sus clientes han sido notificados con la determinación que los pone a puertas de la deportación.
«El número real de afectados se verá más adelante cuando se venzan los permisos de trabajo de los que ya están amparados», insistió Galvez,
«Lo único que queda es resistir para no caer en manos de inmigración antes que podamos revertir esta regla», opinó el jurista.
