Luego que entró a un túnel sin escapatoria al ser notificado de la sentencia dictada en su contra por la operación fraudulenta que realizó 14 años atrás con un terreno del Ayuntamiento que se auto agenció, Martín Orozco se hizo la víctima, criticó el actuar de la juzgadora y anunció que apelará el fallo tras sostener que éste “atendió a intereses de carácter político”.
“Es una sentencia que se esperaba que se dictara en ese sentido, pues lejos de ser una sentencia en la que se tomaran en cuenta aspectos estrictamente jurídicos, atendió a intereses de carácter político, con el propósito de desacreditar al ex-gobernador”, señaló Orozco Sandoval al fijar su posición sobre el resolutivo emitido ayer por la jueza del Juzgado Segundo Penal del Estado.
Como reacción a la sentencia condenatoria donde se le impuso la pena de 4 años de prisión, el pago de 2.2 millones de pesos como reparación del daño y la inhabilitación del servicio público, en los tres niveles y poderes del gobierno, el ex-gobernador cuestionó la decisión tomada por la juzgadora, al sostener que “resulta muy dudoso el actuar de la titular de dicho juzgado”.
En ese sentido, aseguró que se impugnará la sentencia y que el caso se llevará hasta las máximas instancias de la justicia del país.
Asimismo y luego de mencionar que la resolución dictada en su contra no es definitiva, el ex-gobernador adelantó que se revocará la sentencia al considerar que la resolución de la jueza auxiliar interina del Juzgado Segundo Penal no fue imparcial y obedeció a criterios ajenos a los jurídicos.
En el comunicado que circuló en sus redes sociales, expresó textualmente lo siguiente: “Tenemos la seguridad que será hasta el Poder Judicial de la Federación quien emita una resolución imparcial, en la que sin duda alguna, se revocará la aludida sentencia e incluso aquella que se dicte en segunda instancia por el recurso de apelación que se interpondrá en los próximos días, lo anterior en caso de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirme el fallo recién dictado”.
De igual manera consideró que no es definitiva la resolución dictada en su contra por los delitos de tráfico de influencias y ejercicio indebido de servicio público, “pues la normatividad aplicable establece los mecanismos para impugnar dicha sentencia, como es el caso del recurso de apelación, amparo indirecto e incluso el recurso de revisión que conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tener el asunto matices de constitucionalidad que necesariamente tendrá que dilucidar el máximo órgano jurisdiccional de la nación”.
