¿Y quién es más de juzgar, el que ataca al narcotráfico, o el que lo deja de atacar?
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue él, y no su Gabinete de Seguridad como inicialmente se había dicho, el que ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán; “cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, justificó meses después de tomada la medida. El antecedente se escribió el 17 de octubre de 2019, cuando en la ciudad de Culiacán se realizó el operativo para detener a Ovidio, considerado y acusado en Estados Unidos —no aquí— como el responsable de la introducción de enormes cantidades de fentanilo al país del norte, el fallido operativo sería denominado por el pópulo como “el culiacanazo”, al día siguiente el Presidente expresó que “no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos (el Gabinete de Seguridad) tomaron esa decisión y yo la respaldé”, meses después el mea culpa lo llevó a reconocer que fue él quien ordenó la liberación, el Estado de Derecho quedó sepultado por la decisión del Presidente bajo la premisa de una cruenta guerra en la que inocentes perderían la vida.
El miércoles 13 de noviembre del 2018, días antes de tomar posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, del que destacaban algunos aspectos importantes: legalización de algunas drogas, un eventual desarme de grandes bandas criminales y la creación de una Guardia Nacional. En su planteamiento de combate al crimen organizado, uno de los ejes centrales es la prevención de los delitos y atender las causas de la inseguridad ; “no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, dijo López Obrador en la presentación del plan; “no se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal”.
El 1 de diciembre en su toma de protesta el Presidente volvería a manifestar: “Abrazos y no balazos”. Dieciséis meses después con 40 mil homicidios dolosos desde que asumió el mandato, la realidad lo obligó a cambiar de planes, ordenó el despliegue de miles de soldados y marinos en las ciudades del país para ayudar en tareas de seguridad pública. La decisión chocó con su promesa de campaña, “sacar al Ejército de las calles”.
Otra polémica de su Plan Nacional de Paz y Seguridad fue la “Amnistía y Desarme de Carteles”, mencionó que exploraría la posibilidad de ofrecer “amnistía” a criminales e incluso líderes del narcotráfico, “Vamos a hacer todo lo que se pueda, para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia (…) si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón”. Todo indicaba que así era porque el atribulado gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca acusó al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, de reunirse con narcos; “el subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platiqué con usted, y se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada la Columna Armada”, les dijo el gobernador a Olga Sánchez Cordero y gobernadores reunidos el 19 de agosto del 2019 en la ciudad de San Luis Potosí en la Conferencia Nacional de Gobernadores; hoy ese gobernador fue acusado por el Gobierno federal por actos de presunta corrupción y pretendieron desaforarlo sin éxito.
Un año después, el domingo 29 de marzo el Presidente saludaría de mano a María Consuelo Loera Pérez, nada menos que la madre del traficante más connotado de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán, ese día se festejaba el cumpleaños de Ovidio, liberado por órdenes de López Obrador un año atrás.
Las ocurrencias inscribirían en el anecdotario la frase del 2 de octubre del año 2019 cuando el Presidente dijo que “acusaría” a los “traviesos” con sus “con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos” y estaba “seguro que lo ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de oreja, hasta sus zapes”. Nunca le hicieron caso los familiares al Presiente.
La decisión de López Obrador de no atacar a las bandas de la delincuencia organizada parte de una premisa doctrinal, filosófica y no de su responsabilidad constitucional, la aplicación de la legítima fuerza del Estado, la aplicación de la ley; el combate al crimen.
Cierto es que se deben atacar las causas que arrastraron al país que dejó de ser productor de algunas drogas, paso y puente de las provenientes del sur del continente, a consumidor y fuerte productor; no es necesario concluir que la pobreza, desintegración familiar, corrupción, desigualdades y rompimiento del tejido social es caldo de cultivo para la delincuencia organizada, por lo que debe ser atacado y corregido, pero al alimón con el combate a la delincuencia organizada; al día de hoy suman 82 mil 300 homicidios dolosos, la cifra más alta de los últimos cuatro sexenios.
El Presidente debe comprender que el cáncer no sólo se cura con dejar de comer alimentos con cargas transgénicas, o evitar el contacto con pesticidas, se combate con químicos o radioterapias, que tiene efectos colaterales que dañan otras partes del cuerpo, pero preservan la vida.
Primero los balazos, luego los abrazos.
