De acuerdo a la información recabada por HIDROCÁLIDO de diversas fuentes al interior del Partido Acción Nacional, el gobernador Martín Orozco Sandoval, en su carácter de primer panista de la Entidad, se habría decantado ya por hacer uso de la primera posición plurinominal a diputado local a favor de la magistrada Gabriela Espinosa Castorena, con el objeto de impulsar su proyecto de Ciudad Justicia y, al mismo tiempo, ‘pagar’ los favores recibidos a cambio de una posición que lo proteja a su salida del Gobierno estatal.
Así lo manifestaron a este rotativo integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, que solicitaron el anonimato para poder dar cuenta de esta estrategia que además le permitiría a la magistrada salvar el proceso por usurpación de funciones que ya se le estaría enderezando por mantenerse como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, cargo que ostenta de manera irregular desde el 21 de noviembre pasado.
Las fuentes consultadas por HIDROCÁLIDO coinciden en señalar que el acuerdo secreto alcanzado entre el gobernador del Estado y la magistrada Espinosa condicionan el otorgamiento del escaño plurinominal a cambio de su firma a favor del proyecto de construcción denominado ‘Ciudad Justicia’, cuyo monto ya se ha elevado de 800 a 1,200 millones de pesos, monto que deberá ser liquidado por el Gobierno estatal en un plazo de 20 años con pagos anualizados de 60 millones, sin incluir aún los intereses.
De acuerdo a los informantes, esta estrategia política también pretende ‘salvar’ a la abogada en su responsabilidad directa por un quebranto en el Fondo de Justicia superior a los 400 millones de pesos, lo cual significa un gravísimo quebranto de recursos públicos.
La negociación política requiere que el Partido de la Revolución Democrática ceda sin siquiera participar a cambio de que el PAN le otorgue cuatro distritos -uno más de lo acordado en la negociación de la coalición- con la finalidad de que una vez terminada la elección el blanquiazul no quede sobrerrepresentado y alcance la posición de representación proporcional para Gabriela Espinosa y, de esa forma, salvar el escollo que significaría para la actual Administración estatal la formalización de las acusaciones por malversación de fondos públicos y usurpación de funciones sin la protección del fuero.
Las fuentes de HIDROCÁLIDO coincidieron todas en su descrédito a esta turbia negociación que, de suceder, pondría a la vista el entreguismo de la magistrada a favor del jefe del Ejecutivo estatal, además de la abyecta utilización de los cargos públicos para el pago de favores y componendas.
Cabe recordar que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, negó a la magistrada local la suspensión de los actos que reclamó en la controversia constitucional contra el Congreso del Estado, la cual firmó de manera ilegal a nombre del Poder Judicial del Estado sin hacerlo del conocimiento del resto de los magistrados, por lo que a partir del 21 de noviembre pasado ocupa el cargo de magistrada y presidente del Poder Judicial sin tener el debido nombramiento, luego de que el Pleno del Congreso decidió no ratificarla en el cargo por otros 15 Años, por lo que podría enfrentar Juicio Político.
