México, 26 ago (EFE).- La defensa de Rosario Robles, exministra mexicana en prisión preventiva acusada de permitir un gran desvío de fondos públicos, presentará una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó este lunes el abogado Julio Hernández Barros.
En una entrevista con Radio Fórmula, el jurista explicó que este martes presentarán un recurso formal ante el organismo, con sede en Washington, alegando que la detención de su cliente fue “una detención ilegal en ausencia total de pruebas”.
“No se trata de una prisión preventiva como él (el juez) lo llama, sino una prisión ilegal decretada por el juez con abandono a las leyes constitucionales”, aseguró en referencia a lo que decretó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna el pasado 13 de agosto.
Continuó explicando que están “pidiendo medidas cautelares a la Comisión Interamericana para que cese de inmediato esta prisión ilegal a la que la tienen sometida”.
“En los próximos días presentaremos una revisión de medidas cautelares ante el propio poder judicial federal con todas las pruebas que acreditan que no hay ningún riesgo para que se sustraiga de la acción de la justicia a una persona cuyo deseo era enfrentar este juicio”, explicó.
Desde que su cliente entró en prisión preventiva el pasado 13 de septiembre, Julio Hernández Barros ha señalado que fue juzgada por un “tribunal de Estado” en el que pesó el actual Gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó con rotundidad la acusación del abogado.
La exministra durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue procesada por un juez el 13 de agosto acusada de permitir el desvío de 5.000 millones de pesos (unos 255,6 millones de dólares).
Desde el 13 de agosto se encuentra en prisión preventiva en el reclusorio Santa Martha Acatitla, al oriente de la capital.
Tras la decisión del juez, los abogados de Robles defendieron ante la prensa la inocencia de esta y calificaron el proceso judicial en su contra de persecución política.
“Estamos ante una persecución, ante una presa política”, declaró entonces Hernández Barros entonces, quien expresó su “decepción” por la decisión “arbitraria e injusta” del juez.
La investigación contra Robles se enmarca dentro del caso de La Estafa Maestra, una trama de desvío de dinero destapada en 2017 por el portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Varios ministerios del Gobierno de Peña Nieto habrían hecho desaparecer recursos por un valor de 7.670 millones de pesos (unos 403 millones de dólares) entre 2013 y 2014, a través de una triangulación con universidades públicas y empresas fantasma.
