Todo apunta a que hubo un desfalco por 33 millones de pesos en la administración de Martín Orozco Sandoval, de acuerdo a fuentes de la propia institución, quienes hablaron de este desvío para la compra de un sofisticado equipo de software que no existe, e informaron que la denuncia fue efectuada por el propio rector, Armando López Campa.
En el caso del actual titular de la universidad, se manejó que las denuncias fueron ante la Fiscalía y los órganos internos de la institución educativa, y las denuncias levantadas fueron en consonancia con la ley, a fin de no cometer una omisión que ante la ley también es delito.
Las fuentes comentaron que por tal motivo y para deslindar responsabilidades, se hizo una denuncia por la vía penal y ante el órgano interno de control.
Este procedimiento ha originado que estén siendo llamados los ex-rectores y los ex-secretarios administrativos, quienes se encuentran dentro de la denuncia que hizo por norma el actual rector.
Por norma jurídica se procede en estos casos y justo en el momento de la entrega recepción se descubrió esta anomalía de la que se deben aún deslindar responsabilidades, dado que el nuevo rector consideró cumplir con ese deber y que no se le haga responsable.
Cabe destacar que una vez realizado ese proceso, hay 90 días para presentar denuncias y que no se considere omiso al nuevo responsable de la institución y también se le puedan fincar responsabilidades, comentaron fuentes allegadas a la propia institución.
En estos momentos, el departamento jurídico de la institución lleva el procedimiento y también lo hace el órgano interno de control, con la contraloría, de tal manera que se cubren las instancias penales y administrativas en el caso en el que mediante las investigaciones se establecerán las responsabilidades de los anteriores directivos de la citada institución educativa superior.