Luego de la reforma de ley para la desaparición de los organismos públicos autónomos como el Instituto de Transparencia en Aguascalientes (ITEA), solamente contará con seis meses para realizar la transición para que centralicen sus funciones a la Contraloría del Estado, pero el problema es que no existiría un contrapeso, manifestó el comisionado presidente Jorge Armando García Betancourt.
Entrevistado en el marco del taller dirigido a periodistas, señaló que se desconoce quién se haría cargo de la administración de la plataforma nacional de transparencia, que es donde se encuentra la mayor cantidad de información de todas las obligaciones que suben las 32 entidades federativas; “es un retroceso de 20 años porque ahora serán juez y parte las instituciones que vayan a prestar el servicio”.
Mientras tanto indicó que conforme a los tiempos el Instituto presentará una propuesta ante el Congreso del Estado para que el ITEA continúe y Aguascalientes pueda convertirse en punta de lanza en dicha evolución.
Dijo que se buscará la gratuidad con la que actualmente se presta el servicio a la ciudadanía, es decir que no represente un costo y que la población pueda acudir ante otra autoridad a poder quejarse en caso de que su derecho haya sido vulnerado.
Resaltó que el derecho a la información no estaba desapareciendo con la iniciativa, ya que en el artículo sexto constitucional se conserva el acceso y la protección a datos personales, pero lo que está cambiando es quién será el encargado de que esto tenga efecto, “la propia autoridad será quien genere la propia información”.
El comisionado del ITEA advirtió que dicha disposición provocará un descontento y apatía por parte de la ciudadanía para acudir a solicitar una información, porque seguramente se toparán con pared.
Informó que el presupuesto de egresos presentado por parte de ITEA para el 2025 de 30 millones de pesos, “no se nos ha dicho que no por parte de Gobierno del Estado”.
No existe ningún margen de acción para que el Instituto de Transparencia se pueda conservar debido a que con la actual iniciativa de “Supremacía Constitucional” se acotan las posibilidades, incluso hasta los mismos Congresos, para poder ejercer una acción de inconstitucionalidad.
