Aguascalientes.- Diarios y portales nacionales destacaron el acuerdo de los diputados de Aguascalientes para declarar como "persona non grata" al depuesto presidente boliviano Juan Evo Morales.
De esta manera, el punto de acuerdo “de urgente y obvia resolución” que propuso un grupo de legisladores de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en contra de Morales Ayma, fue motivo de “nota nacional”, luego que al ex-presidente de Bolivia se le había condecorado en otros puntos del país, como en el caso particular de la Ciudad de México, donde sus autoridades lo declararon “Huésped Distinguido”.
En sus ediciones impresa y digital, diarios como El Universal y Reforma dieron cuenta de la decisión que tomó la mayoría del pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, en torno a la persona del ex-presidente de Bolivia, Evo Morales, a quien se calificó incluso como dictador.
En el punto de acuerdo aprobado por los legisladores hidrocálidos se determina declarar “persona non grata” a Evo Morales, tras señalar que el ex-presidente de Bolivia fue acusado de usar el sistema judicial y electoral de su país para concentrar el poder, lo que motivó su renuncia que hizo efectiva el pasado 10 de noviembre, marcando con ello el fin de una era de autoritarismo en Bolivia.
Asimismo se cuestionó la decisión de darle asilo político al ex-presidente boliviano, al sostener que “la postura del Estado mexicano resulta totalmente contradictoria al discurso del actual Gobierno Federal y sus políticas de austeridad y no intervención”, además que también se advirtió que el asilo político trae consecuencias para México ante los ojos de la esfera internacional, ya que demuestra que la política exterior de México está a favor de las dictaduras y en contra de la democracia.
Junto con el acuerdo que declara a Evo Morales “persona non grata” para Aguascalientes, los diputados exhortaron también al Gobierno de México a dar cabal cumplimiento a la Convención sobre Asilo Político, firmada en Montevideo en 1933, que en su artículo 1 claramente establece que no es lícito a los Estados dar asilo a los inculpados de delitos comunes, como es el caso del ex-presidente boliviano, toda vez que “el dictador actualmente tiene procesos políticos y penales abiertos en su país”.
