El Observatorio de Violencia Social y de Género externó su indignación y preocupación ante la reciente sentencia dictada contra 15 jóvenes localizados en un campamento del crimen organizado en el municipio de Rincón de Romos, quienes han recibido condenas de entre 14 y 18 años de prisión a través de procedimientos abreviados.

Por lo anterior, la presidenta fundadora del Observatorio, Mariana Ávila, señaló que estos casos no pueden analizarse de manera aislada ni reducida a una narrativa de criminalidad individual.

“Nosotras acompañamos la defensa de los jóvenes en coordinación con especialistas solidarios que elaboraron un macroperitaje y documentaron, a través de testimonios directos, las condiciones de reclutamiento forzado, engaño, amenazas y coacción en las que se encontraban sus familiares”.

La activista recalcó que la evidencia recabada es contundente, ya que no se trata de decisiones libres ni de trayectorias delictivas voluntarias, sino de jóvenes captados en contextos de vulnerabilidad bajo falsas ofertas de trabajo, posteriormente privados de su libertad y forzados a integrarse a dinámicas criminales, prácticas que constituyen graves violaciones a derechos humanos que se han profundizado en los últimos años.

Sin embargo, comentó que el Estado ha sido omiso en reconocer plenamente el reclutamiento forzado como delito autónomo, así como en generar mecanismos efectivos de prevención, rescate y atención integral.

Frente a este contexto, Mariana Ávila indicó que resulta preocupante que la respuesta institucional continúe centrada en la persecución penal de quienes, en muchos casos, son víctimas.

De igual forma, la imposición de sentencias sin un análisis exhaustivo de las condiciones de reclutamiento, coacción y violencia estructural, reproduce una lógica de criminalización de la pobreza y de las juventudes; esto no es justicia, sino la revictimización de quienes ya fueron captados por la violencia.

El Observatorio de Violencia exigió el reconocimiento del reclutamiento forzado como una forma grave de violencia y violación a derechos humanos; la revisión exhaustiva de los casos, incorporando un enfoque centrado en las víctimas; la implementación de protocolos de identificación de víctimas de reclutamiento forzado dentro de los procesos penales; la urgente generación de políticas públicas de prevención, atención y reintegración para juventudes en riesgo y el cese de la criminalización de personas jóvenes y en situación de pobreza.