CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- El próximo fin de semana se resolverá la situación jurídica de los ocho militares del caso Ayotzinapa reaprehendidos el jueves por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
En audiencia inicial celebrada el viernes, la defensa de los elementos, encabezada por el abogado Alejandro Robledo, se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para recabar más pruebas en favor de sus defendidos que ya se encuentran nuevamente en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante la diligencia, la jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictó prisión preventiva oficiosa contra los elementos y duplicó el término constitucional a 144 horas para resolver la situación jurídica de los militares.
Alejandro Robledo, abogado de los militares, reiteró que la nueva imputación se trata de una «venganza» contra los militares por haber obtenido en enero pasado su libertad legalmente.
Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz fueron ingresados la noche del jueves al penal militar, luego de ser reaprendidos por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los elementos de presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que la jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, ordenó su recaptura.
Cabe recordar que tres de los ocho militares fueron detenidos el jueves cuando iban a firmar al Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, que en enero pasado les permitió llevar su proceso penal por el delito de desaparición forzada, en el caso Ayotzinapa, en libertad.
Los otros cinco elementos fueron a disposición de la juez Raque Ivette Duarte, por sus abogados para enfrenten la nueva acusación.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que los ocho militares nuevamente presos estaban involucrados con el grupo criminal Guerreros Unidos al momento de la desaparición de los estudiantes.
