Los directivos y socios de la Línea Express se juegan el todo por el todo en los tribunales federales, tras presentar ya el amparo contra el “castigo” que les impuso el Gobierno y la Coordinación de Movilidad por negarse a ceder el control del transporte urbano a la compañía Autobuses de Oriente (ADO).
“Vamos con todo contra la resolución que emitió del caso la Sala Administrativa, la demanda la presentamos la noche del lunes a las 23:45 horas, es decir, minutos antes de que concluyera el plazo legal, por lo que ahora esperamos la resolución de este caso en el que se está pidiendo que no únicamente se vuelvan a habilitar nuestros 86 autobuses para que vuelvan a prestar servicio en las rutas que se venían trabajando antes de la medida que se tomó en nuestra contra, sino también que nos reparen los fuertes daños económicos que se nos han provocado”, mencionó Jaime Ochoa Carranza.
En entrevista con HIDROCÁLIDO, el presidente de la Línea Express dijo que tan no se renunciará a los derechos que tienen los accionistas que conforman esa empresa transportista, que se está reclamando todo, “es decir que se nos vuelva a habilitar para volver a prestar el servicio del transporte urbano en las rutas que teníamos asignadas, que se nos indemnice por la afectación que se nos ha generado en muchos sentidos y que se nos deje trabajar”.
Sostuvo que el caso ya se fue al Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, ante cuya instancia se presentó una carpeta con la serie de irregularidades y atropellos cometidos en contra de los socios y directivos de Línea Express, por lo que se espera que se le enmiende la plana a la Sala Administrativa y con ello a quienes de manera arbitraria e ilegal atacaron y afectaron a los socios de la empresa transportista sancionada con la inhabilitación de los camiones chinos y de otras unidades del transporte urbano.
“El caso ya se llevó a la última instancia legal y confiamos en que el fallo saldrá a final de cuentas a nuestro favor, porque hay todos los elementos legales para que se reviertan las decisiones tomadas por las autoridades locales en represalia por no haber cedido a su pretensión de entregarle no sólo la operación del servicio, sino hasta nuestras unidades a la empresa foránea a la que se le comprometió el manejo del transporte urbano”, concluyó.
