El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua condenó este viernes la orden de detención emitida por un tribunal de Francia contra el presidente de la República Árabe Siria, Bachar al Asad -con validez en toda la Unión Europea-, al considerar que se trata de una «continuidad de dominio de los poderes coloniales y neocoloniales en el mundo».
En un comunicado, el Ejecutivo nicaragüense, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó la orden de detención emitida por la Justicia de Francia en contra del presidente sirio, que consideró «una demostración más de las nefastas pretensiones de continuidad de dominio de los poderes coloniales y neocoloniales en el mundo».
El Gobierno sandinista llamó «una vez más al respeto a la soberanía e independencia de los países y pueblos», y rechazó «todas las formas de injerencia, que representan una prolongación de las guerras coloniales, neo-coloniales, e imperialistas, entre tantas otras más, por los recursos naturales que nos arrebatan a los pueblos».
«Con el presidente Bachar al Asad y con las familias y el pueblo de la gran Siria, potencia cultural y social de la humanidad, toda nuestra solidaridad fraterna», concluyó Managua en el documento suscrito por el canciller Denis Moncada Colindres.
El Tribunal de Apelación de París validó el miércoles pasado la orden de detención, con la que Bachar al Asad queda desposeído de su inmunidad como jefe de Estado por su responsabilidad en varios ataques con armas químicas en 2013.
Este dictamen fue considerado «histórico» por las abogadas de la acusación particular, que en declaraciones a la prensa destacaron que es «la primera vez» que una jurisdicción nacional reconoce que la inmunidad personal de un jefe de Estado en ejercicio no es absoluta.
Las letradas, que no se quisieron pronunciar sobre el fondo de la resolución porque todavía no habían tenido tiempo de examinar la argumentación, destacaron en cualquier caso que viene a certificar la vigencia de la euroorden emitida por un tribunal de instrucción francés el pasado mes de noviembre.
En la práctica, precisó Clémence Witt -una de las abogadas de la acusación particular-, eso significa que Bachar al Asad debería ser detenido en caso de entrar en cualquiera de los países de la Unión Europea.
Los ataques en los que se basa la orden de arresto se llevaron a cabo en el marco de la represión del régimen de Asad contra las protestas iniciadas en 2011 y que derivaron en una guerra civil que ha provocado desde entonces cientos de miles de muertos y millones de desplazados dentro y fuera de Siria.
