Los Ángeles, 11 jun (EFEUSA).- El Gobierno del presidente Donald Trump busca acelerar la liberación de menores inmigrantes que ingresaron solos al país al agilizar la inspección de los antecedentes de los familiares o patrocinadores que solicitan acoger a los niños, señalan defensores de los indocumentados.
La Administración para Niños y Familias (ACF), una agencia del Departamento Salud y Servicios Sociales (HHS, por su sigla en inglés), informó a los defensores de los niños de que no se conciliarán los datos de los posibles patrocinadores con las autoridades de inmigración.
La medida cambia una política que requería que los funcionarios que aprueban la elegibilidad de las personas que solicitan hacerse cargo de los menores evaluaran la revisión hecha por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de estos adultos.
“Son pequeños pasos para reducir el tiempo que los niños tienen que esperar en custodia del Gobierno, aunque no es un cambio dramático. Esperamos que esto ayude en la crisis que enfrentamos con los menores no acompañados”, dijo a Efe la directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis, Holly Cooper.
Antes de mayo de 2018, los funcionarios de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) sólo evaluaban los datos obtenidos por el chequeo realizado por el Buró Federal de Investigación (FBI).
Pero después de ese mes, y en plena polémica por la separación de menores de sus familias al llegar a la frontera sur, las autoridades comenzaron a revisar también su registro migratorio.
Para el abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), Fernando Romo, el cambio del año pasado ocasionó que los parientes indocumentados declinaran acoger a los menores.
“Los niños se quedaban como en un limbo porque sus familiares no los querían reclamar”, indicó el abogado.
“Además con este otro chequeo los tiempos de espera para que entregaran a un menor pasaron de semanas a meses, algo muy difícil si se tienen en cuenta que algunos incluso son infantes”, agregó.
El cambio de la política con los patrocinadores que incluye abuelos, tías, tíos, hermanos adultos y primos fue comunicada este lunes a los abogados y organizaciones que ayudan a los menores no acompañados, y entró en vigencia inmediatamente.
ORR dijo que el cambio, el tercero en su tipo, “proyecta reducir el proceso de determinación de idoneidad del patrocinio en un mínimo de 2 a 3 días”.
El número de niños no acompañados que llega al país ha seguido subiendo y ha ocasionado una sobrepoblación en los albergues que gestiona el HHS.
Según datos de la Patrulla Fronteriza (CBP), en mayo pasado agentes arrestaron a 132.887 inmigrantes, de este número 11.507 son niños no acompañados.
En los ocho meses del año fiscal 2019 por la frontera sur han ingresado 56.278 menores no acompañados, y todos tienen que ser entregados a un patrocinador.
En un comunicado enviado a Efe, ACF dijo que el enfoque de la agencia “es siempre la seguridad y el interés superior de cada niño que ingresa al programa de Niños Extranjeros No Acompañados (UAC)”.
La agencia también reconoce que estos niños son “vulnerables” y llegan al cuidado del Gobierno “en circunstancias difíciles”.
Cooper dice que el nuevo cambio ayudará a acelerar las reunificaciones, “aunque el proceso aún tiene muchas fallas”, y que le preocupa que HHS continuará compartiendo las huellas de los patrocinadores con las autoridades de ICE.
Las políticas del Gobierno Trump con respecto a los menores inmigrantes no acompañados han estado en la mira de los activistas desde hace meses.
La semana pasada la Administración ordenó cancelar o restringir notablemente las clases de inglés, los servicios legales, actividades recreativas como el fútbol para los menores que se encuentran detenidos bajo custodia federal.
ORR justificó la reducción de ayudas debido a la “tremenda presión” que ejerce en su presupuesto el “drástico aumento” en la llegada de indocumentados a la frontera sur.
En abril, había alrededor de 12.500 menores en los albergues federales de todo el país, donde permanecen una media de 48 días hasta que un trabajador social los entrega a un familiar, según datos del Departamento de Salud.
Esta cifra supone más que doblar los 20 días que establece el denominado Acuerdo Flores, que busca que impedir que los niños permanezcan encarcelados por largos periodos.
