Luego de las últimas declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde alega que el INE se está negando a realizar la consulta para la revocación de mandato, el delegado estatal de dicho Instituto, Ignacio Ruelas Olvera, aclaró que la revocación de mandato es un tema de democracia directa y es derecho de todos los mexicanos, por lo que no es un juego de la comidita, ni un juego gracioso.
En ningún momento el INE se está negando a realizarla, esta va porque es un mandato constitucional, es una obligación constitucional y también es una obligación constitucional que el Estado Mexicano a través del Poder Legislativo e incluso del Poder Ejecutivo proporcionen el presupuesto necesario para las acciones que manda la Constitución, sostuvo.
En ese sentido, cabe hacer mención que la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral de aplazarla no corresponde a una chicanada, sino que se está siguiendo un principio de legalidad.
Ruelas Olvera recordó que existe un acuerdo ante una promoción de inconstitucionalidad que hizo el INE y en cuanto se reúnan los más de 2 millones 758 mil firmas se estará publicando la convocatoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien analice y diga lo que procede, adelantando además que el Instituto sigue trabajando, por lo que pudiera darse el caso de que este ejercicio se esté llevando a cabo el próximo 10 de abril del 2022.
Asimismo, el delegado estatal reiteró que esta actividad costará 3 mil 700 millones de pesos, ya que se hacen los mismos procesos de una elección, tendrán que instalarse más de 161 mil mesas directivas de casillas que equivale a un millón y medio de mexicanos que contarán las boletas de la revocación, habrá de realizarse dos insaculaciones, es decir, dos sorteos para garantizar que esas mesas directivas de casillas sean ciudadanos designados al azar, además tiene que existir la planeación de 161 mil casillas y se tiene que hacer el formato para ubicar la casilla de revocación de mandato.
En este caso, añadió que ya se tiene la ubicación de las 1,732 casillas en Aguascalientes, “ya tenemos todos los efectos de planeación, lo que no tenemos es dinero, es decir, el financiamiento público”.
Recalcó que este ejercicio de revocación es una ley y es de orden público establecida en el artículo 35 de nuestra Constitución.
