Numerosas críticas recibió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber esquivado comentar sobre la denuncia por abuso de poder, conflictos de interés, omisión de responsabilidades y extorsiones en contra del fiscal Alejandro Gertz Manero y de la ex-secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que publicó el ex-consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el sábado pasado. Pero lo importante no fue haber eludido tomar una posición pública sobre el tema sino, precisamente, reflejar que el conflicto, en el fondo, sí lo impactó y lo tiene atrapado.
La denuncia de Scherer lo dejó sin armas. Su narrativa diaria de que todo ataque es culpa de los “conservadores neoliberales” tuvo que ser guardada en el cajón de la retórica. El respaldo que ha mostrado semanalmente para el fiscal, tampoco se hizo presente. López Obrador debe estar consciente que el no haber actuado cuando se lo pidió Scherer hace casi siete meses y minimizado el problema, provocó una putrefacción en Palacio Nacional que está subiendo por el cuerpo de su gobierno y su entorno más cercano. La frivolidad con la que aborda muchos de los asuntos de Estado que no son electorales, se volvió su enemiga.
El Presidente dijo ayer, como único señalamiento de relativo fondo sobre este tema, que serán los tribunales donde se diriman las disputas, como si ignorara que el choque entre Gertz Manero y Scherer no es judicial, sino político. El fiscal tiene un poder absoluto porque López Obrador se lo permitió, y cuando pudo haberlo frenado, tras la sesión de la Suprema Corte cuando al revisar los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, familiares políticas de Gertz Manero, se apuntaron su abuso de autoridad, optó por apoyarlo. Si Gertz Manero ha actuado de la manera atrabiliaria e ilegal como lo ha hecho, es porque tuvo el aval del Presidente, como le pidió en el caso Odebrecht y exigió para mantener en la cárcel a Rosario Robles. Ahora, el Presidente ha caído en su propia trampa.
Scherer la ha problematizado. En su denuncia afirma que el fiscal ha solicitado información sobre todos los asuntos legales y negocios en los que estuvo involucrado desde hace 11 años. El fiscal general está utilizando todo el poder del cargo para pedir a las autoridades federales y locales información para realizar una autopsia financiera y legal del ex-consejero jurídico desde el penúltimo año del Gobierno de Felipe Calderón. En 2011, donde empieza la indagatoria, Scherer era abogado y confidente de López Obrador, producto de una amistad personal y profesional de casi tres décadas como su representante legal y uno de sus financieros.
Gertz Manero debe sentirse blindado por el Presidente para indagar lo que Scherer dice que es una investigación por fuera de la ley, tras el aval que ha tenido de López Obrador cuando sale en su defensa y deposita toda su confianza en él, cuando ha sido criticado por expertos y medios. El Presidente probablemente no alcanza a ver la magnitud de haberle permitido abusar de su poder. Sin embargo, una investigación como la que está haciendo Gertz Manero contra Scherer se va a topar inexorablemente con el Presidente.
Los lazos del Presidente con su ex-consejero jurídico, a quien llama “hermano”, se han cruzado a lo largo del tiempo. Scherer diseñó la asociación civil Honestidad Valiente en 2006, por medio de la cual se recaudaron de manera irregular y opaca millones de pesos, y de donde salieron recursos para mantener al Presidente y su familia. En 2011, cuando inicia la investigación de Gertz Manero, se dieron las denuncias de irregularidades en el manejo de los dineros de la asociación. Durante ese tiempo, Scherer fue clave en identificar y acercar a López Obrador a empresarios para que financiaran su campaña presidencial en 2012, a escondidas —como lo hicieron también otros candidatos— del Instituto Nacional Electoral. En la última década, asimismo, los hijos de Scherer y de López Obrador formaron empresas para hacer negocios, varios de los cuales se mantienen activos.
Gertz Manero no sólo está investigando a Scherer. También está indagando en esta primera fase las finanzas y evolución patrimonial de su hijo, un sobrino y sus socios. Los nombres de los hijos mayores del Presidente van a brincar en las averiguaciones, porque el fiscal no se va a detener. No es una conjetura. Es un hecho. Incluso, previamente a estallar el escándalo por la denuncia de Scherer, abrió una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del Presidente más involucrado en temas políticos, y del propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La vocería del Presidente desmintió la semana pasada la existencia de la investigación contra el secretario de Gobernación, publicada por el columnista Roberto Rock en El Universal, pero es cierto. La fuente de ello es el propio López, quien lo ha estado confiando a diferentes personas.
Si el fiscal puede abrir una investigación contra el hijo del Presidente y el secretario de Gobernación, es porque se siente con el poder para hacerlo, más allá de lo que piense el Presidente, a quien tiene, de alguna manera, de rehén. ¿Podría López Obrador pedirle que suspenda la investigación contra su hijo y el secretario? Sí, pero no es seguro que le haga caso el fiscal. Gertz Manero no protegió a Scherer en las pesquisas contra los despachos de abogados, como se lo pidió, y escaló la guerra contra él.
Cuando la prensa criticaba al fiscal, el Presidente se lavaba las manos y decía que era un tema de los tribunales. Afirmaba que Gertz Manero era honesto y contaba con su confianza. Como beneficiaba su narrativa política, le dio una carta de impunidad. Con ese respaldo, Gertz Manero sometió a la mayoría de la Suprema Corte y aplastó a los senadores que lo llamaron a cuentas. Ahora el fiscal va sobre el Ejecutivo y la familia presidencial, pero si profundiza la pesquisa contra Scherer, quizá termine sobre el propio López Obrador.
