El Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU. extendió este martes, hasta el próximo lunes, su bloqueo temporal en la aplicación de una ley en Texas que permite que las autoridades policiales detengan y expulsen a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país.
Esta legislación, conocida como SB4, es otro ingrediente en la confrontación del gobierno del estado de Texas con el Gobierno federal que preside el demócrata Joe Biden que, por ley, tiene jurisdicción sobre la inmigración.
La ley, aprobada el año pasado por la Legislatura de Texas y que debió entrar en vigencia el 5 de marzo, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos.
A finales de febrero un magistrado federal en Texas aplazó la entrada en vigencia de la medida tras una demanda de varias organizaciones y el condado de El Paso (Texas), que alegan que la ley es inconstitucional porque las autoridades locales no tienen jurisdicción para tomar medidas en materia migratoria.
Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito echó abajo la decisión del magistrado llevando la batalla legal a la instancia del Tribunal Supremo, y la legislación debió entrar en vigencia el 9 de marzo.
En respuesta a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno de Biden, el juez del Supremo, Samuel Alito, emitió una orden inicial de bloqueo que dio plazo hasta este miércoles para que los magistrados del Supremo adjudiquen esta nueva disputa legal entre Texas y el Gobierno federal.
Ese plazo se extendió ahora hasta el 18 de marzo, lo que permite a los magistrados del Supremo a decidir si sostienen el bloqueo o dejan que entre en vigor.
La ley convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, lamentó en un mensaje en X el bloqueo temporal pero advirtió que seguirá defendiendo la ley.
Por su parte los demandantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas dijeron en un comunicado que la ley “conducirá a la discriminación racial» en todo el estado, en especial contra los hispanos.
