Directivos y socios de la empresa transportista Línea Express llevaron hasta la Presidencia de la República los abusos y atropellos cometidos en su contra por el Gobierno del Estado y la Coordinación de Movilidad de Aguascalientes, relacionados con la arbitraria suspensión de los camiones chinos y de otras unidades del transporte urbano, tras su negativa a no alinearse para ceder el servicio a la compañía ADO con las acciones leoninas pretendidas por las autoridades.
A través de un oficio firmado por su presidente, Jaime Carranza, y dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, los empresarios castigados con la inmovilización de sus unidades denunciaron que se les pretende despojar no sólo de sus unidades, sino también del patrimonio que han construido a lo largo de décadas en las que han participado en la prestación del servicio de transporte urbano en beneficio de cientos de miles de usuarios.
Sin dobleces, los transportistas de la Línea Express acusaron a las autoridades estatales de llevar a cabo una estrategia bien orquestada con el único propósito de despojarlos y de favorecer otro tipo de intereses que no son propiamente la mejora del servicio, donde se beneficie no sólo a quienes se les pretende dar el control del mismo, sino también a algunos funcionarios que están en el ajo.
“Queremos contribuir al desarrollo de la ciudad de Aguascalientes y de la zona conurbada, como lo hemos hecho en los últimos 70 años, desde que nuestros abuelos comenzaron este noble e importante negocio y que nuestros padres supieron fortalecerlo, pero que ahora lo vemos amenazado por intereses particulares entre funcionarios estatales y la mencionada empresa”, advirtieron los empresarios tras demandar la intervención de la Presidencia de la República para frenar este tipo de atropellos que, sostienen los inconformes, van contra sus derechos y contra la ley.
En el oficio dirigido al presidente López Obrador y recibido por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, el pasado 2 de diciembre, los directivos y socios de la empresa Línea Express refieren lo siguiente:
“Acudimos ante usted para solicitar su intervención e informarle de una serie de atropellos de los que estamos siendo objeto por parte de autoridades del estado de Aguascalientes que, sin el más mínimo respeto a la ley y al Estado de derecho, pretenden despojarnos de nuestro patrimonio que hemos construido a través de tres generaciones prestando el servicio público de transporte urbano en la ciudad de Aguascalientes y zona conurbada”.
“Aguascalientes está en un proceso de modernización de la movilidad. La Ley en la materia creada por el gobernador, C.P. Martín Orozco Sandoval, con sus áreas de mejora, constituye el marco jurídico idóneo para este proceso modernizador, sólo que lamentablemente no se está cumpliendo porque tenemos plenamente documentado en un juicio de nulidad que interpusimos en tiempo y forma ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, así como en la Contraloría General del Estado, la serie de irregularidades en las que han caído las autoridades a través de sus funcionarios y que lesionan nuestros intereses”.
Se trata, se agrega en el oficio enviado a Presidencia de la República, “de una estrategia bien orquestada entre el gobernador Martín Orozco Sandoval, el coordinador general de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, y el director de Transporte, entre otros funcionarios más, quienes en contubernio con quien se ha ostentado como el representante legal de la empresa Movility ADO, Juan Pablo Fernández Turueno Orozco, buscan despojarnos de nuestra empresa mediante presiones usando su poder público como funcionarios y violando sistemáticamente la ley para beneficiar de forma indebida a la empresa ADO”.
Ante tal situación, los transportistas afectados solicitaron la intervención del Presidente en escrito remitido al Palacio Nacional y del cual se turnó copia al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que tengan conocimiento de lo que están haciendo en Aguascalientes las autoridades y que atenta contra la legalidad, el Estado de derecho y también en contra del patrimonio de cientos de familias que están siendo afectadas con la conducción irregular de las autoridades locales.
