México, 21 ago (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México manifestó este miércoles su preocupación con la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que regula la pérdida de derechos sobre bienes a personas involucradas en delitos y que entró en vigor hace 11 días.
“No queremos que una ley buena y adecuada le provoque a ciudadanos de buena fe temores, desconfianza o incertidumbre en el actuar diario de sus actividades económicas y empresariales”, dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, en conferencia de prensa en la Ciudad de México.
El presidente del CCE explicó que han tenido acercamientos con legisladores de diferentes partidos para que trasladen sus inquietudes a las discusiones sobre las leyes secundarias pero que mantienen sus reservas respecto a la ley. “Este tema nos preocupa y le pedimos a los legisladores que nos traten de escuchar”, comentó.
Salazar consideró que la ley es buena y que los empresarios están de acuerdo con ella pero “con algunos cambios menores” donde se explique que las personas de buena fe no deberían tener temor alguno “esto deberá de caminar de una manera como todo el mundo los espera”.
En la ley, la extinción de dominio se define como la pérdida de los derechos que una persona sobre bienes, declarada por sentencia de una autoridad judicial y que no conlleva una contraprestación ni compensación.
Los bienes susceptibles se relacionan con delitos de secuestro; delincuencia organizada; cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.
“Nos preocupa que es una ley de excepción, no es una ley que aplique en todas las transacciones económicas que una persona celebre, como puede ser una ley fiscal”, expuso Salazar.
El empresario puso como ejemplo el caso de que una personas pueda ser acusada de que una propiedad suya se usó para actividades de delincuencia organizada o para algún otro delito “y esa persona pueda perder su propiedad antes de tener un juicio sobre la misma”.
Además, el dirigente manifestó que a los empresarios también les preocupa la conexión de esta ley con los delitos fiscales.
“Estamos de acuerdo que las personas que cometan defraudación fiscal (fraude) deban ser acusadas pero creemos que llevar ese delito al grado de delincuencia organizada nos parece un exceso”, apuntó.
Al igual que en la extinción de dominio, el líder del organismo dijo que quieren ser escuchados, calificó la ley de buena y están de acuerdo en que se debe combatir la defraudación fiscal, práctica que “debe ser erradicada totalmente de México”.
“Pero nos preocupa que algunos contribuyentes, por descuido o buena fe, usen facturas (falsas) y sin haberse dado cuenta puedan ser sujetos de este tipo de delitos”, finalizó.
