Este martes y miércoles se dará en la pequeña ciudad de Silao, en El Bajío, un acontecimiento que tiene atento a dos Gobiernos, decenas de sindicatos y a sectores empresariales en dos países. Una vez más, los seis mil trabajadores de la planta de General Motors votarán por sus dirigentes sindicales, pero bajo un nuevo arreglo institucional, donde el Gobierno de Estados Unidos es el árbitro de lo que, hasta ahora, había sido un acto soberano de México. Son las primeras consecuencias de haber aceptado una imposición de Washington en materia laboral dentro del nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte y de cómo una lucha de poder doméstica tuvo consecuencias internacionales.
La injerencia estadounidense fue aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se complicó su ratificación en el Congreso por las presiones demócratas. La única posibilidad que veía en ese entonces Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y que desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto había llevado la relación con México, era que aceptara que dentro de la reforma laboral existieran artículos de protección para impedir que los dirigentes sindicales coaccionaran a los trabajadores, y mejoraran sus condiciones laborales generales.
López Obrador lo aceptó sin ver las consecuencias. Observó los beneficios, como que uno de los resultados para los trabajadores era un importante aumento salarial, pero por la otra, en el aspecto negativo para el Gobierno mexicano y los sindicatos, abría la posibilidad para que los estadounidenses se quedaran con los contratos colectivos de esa industria en México. Al Presidente no le explicaron todos los alcances de lo que aceptó. Ni su negociador, Jesús Seade, más proclive a quedar bien con la Casa Blanca que con Palacio Nacional, ni la joven secretaria Luisa María Alcalde, que cuidaba los intereses de su padre, el abogado laboral Arturo Alcalde.
Lo que entregó México quedó de manifiesto hasta finales de julio, cuando la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se entrevistó en Washington con Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, Richard Neal, presidente del poderoso Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, y Jennifer Safavian, presidenta de la asociación Autos Drive America, sobre el tema laboral en la industria automotriz, quienes exigieron, según personas que conocen de las reuniones, el cumplimiento de los tiempos de la reforma laboral, que la secretaria Alcalde había simulado sin concretarlos, y el fin de los contratos de protección. De ahí vino una reveladora declaración que le hizo Clouthier a René Delgado en una entrevista, al admitir: “Creo que a lo mejor concedimos un poquito más de lo que debiésemos desde la perspectiva del acompañamiento laboral”.
La frase exhibió a Seade, que está como embajador en China, pero sobre todo a Alcalde, por su papel central en la inclinación de ratificación de los contratos contractuales dentro del nuevo orden laboral, hacia su padre. El caso de Silao es el botón de muestra. La votación de este martes y miércoles será una reposición del proceso celebrado el 20 y 21 de abril, cuando el Sindicato “Miguel Trujillo López” realizó una consulta en la General Motors de Silao para lograr el aval del contrato contractual en el capítulo de protección. La ratificación fue suspendida por la Secretaría del Trabajo al encontrar “serias irregularidades”, que incluían, afirmó, relleno de votos y destrucción de urnas. Ante esto, la Oficina de la Representante Comercial de la Casa Blanca se quejó oficialmente en mayo, dentro de lo permitido por el acuerdo comercial, y se procedió a “un curso de reparación” por esas irregularidades y “la denegación” de los derechos de libre asociación y negociación colectiva.
Pero este proceso, inscrito en las nuevas atribuciones injerencistas de Estados Unidos en la reforma laboral, fue consecuencia directa de una lucha de poder y de intereses por el control del contrato colectivo en la General Motors de Silao, al chocar el sindicato, que está adscrito a la CTM, con las centrales sindicales que responden al abogado Alcalde, en la votación de abril. La secretaria no fue cuidadosa para evitar el conflicto de interés, sino al contrario. En el proceso de legitimación que se realizó en Silao ese mes, designó como observadora a Claudia Patricia Juan Pineda, asesora del Frente Auténtico de Trabajadores, una vieja organización sindical vinculada al abogado Alcalde, que denunció las “irregularidades” de aquel voto.
Ahora, la reposición del proceso tendrá dos consecuencias. Una es que será el laboratorio donde se experimente el nuevo acuerdo institucional laboral entre los dos países, donde si se aprueba el contrato contractual sería el primer paso para la mejora en salarios —actualmente ganan el 10% de lo que sus pares en Estados Unidos, con productividad similar, reciben—, y que, como declaró recientemente el secretario del Trabajo estadounidense, Marty Walsh, se asegure que “sus derechos no serán violados por prácticas de explotación ni sus derechos de negociación colectiva”.
La otra es que puede ser un casus belli, ante la posibilidad de que, según los expertos, se dé un efecto dominó donde centrales sindicales afines al Gobierno y aliados tácticos de los sindicatos estadounidenses, se disputen los contratos colectivos en la industria automotriz. En el laboratorio de Silao, la CTM, que también tiene los contratos colectivos de Ford y Chrysler, las otras dos grandes armadoras estadounidenses, se está enfrentando con sindicatos afines a Alcalde, y el deseo es que sean éstos los que consigan la mayoría de la votación contra el cetemista Sindicato Automotriz y de Autopartes.
No deja de ser paradójico que este Gobierno, profundamente desconfiado a los demócratas, esté apoyando a la Casa Blanca y al Capitolio para irle quitando a la CTM contratos colectivos, mediante alianzas con sindicatos estadounidenses. Nadie sabe ya para quién trabaja, y si en el mediano o largo plazos las centrales sindicales afines al Gobierno podrán impedir la entrada a México de sindicatos estadounidenses, o habrán sido topos involuntarios en una injerencia laboral que cambia la historia en esta industria.
