Guadalajara (México), 7 jun (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Enrique Alfaro, uno de los principales opositores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atraviesa el momento más difícil de su carrera política, salpicado por los abusos policiales de los últimos días en su jurisdicción.
Su estilo de mano dura y «cero tolerancia» se le ha vuelto en contra por el caso de Giovanni López, un joven muerto a manos de policías aparentemente por no llevar cubrebocas, y ha complicado sus aspiraciones presidenciales para 2024.
«Nunca en mi vida me había sentido tan enojado y tan frustrado», ha reconocido el mismo Alfaro sobre los disturbios desatados en los últimos cuatro días.
EL GOBERNADOR OPOSITOR
Con el partido Movimiento Ciudadano, de postulados liberales, Alfaro se convirtió en 2015 en alcalde de Guadalajara, la segunda ciudad del país y capital de Jalisco, desde donde sentó las bases para ganar los comicios al gobierno de estado en 2018.
Alfaro hizo historia al convertirse en el primer gobernador de Jalisco que no pertenece a uno de los dos partidos hegemónicos de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Un hito similar al de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2018 se convirtió en presidente de México con el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Sin embargo, la relación entre ambos no es nada buena. López Orador no perdona a Alfaro el haber rechazado sumarse a su movimiento político y considera que el gobernador de Jalisco no representa un cambio respecto a los políticos anteriores.
Por su parte, Alfaro aprovecha todas las ocasiones para arremeter contra el presidente e incluso ha señalado a López Obrador de estar detrás de la polémica sobre abusos policiales en Jalisco.
LA PANDEMIA EN JALISCO
El choque entre ambos políticos se ha evidenciado con la pandemia de COVID-19 en México, pues Alfaro ha sido el gobernador más crítico con las medidas tomadas por López Obrador y en marzo decidió cerrar las escuelas antes de que lo hiciera el Gobierno federal.
Al contrario de la recomendación de las autoridades federales, Alfaro optó por la compra de pruebas rápidas de COVID-19, bajo acusación de adquirirlas a sobreprecio, e impuso una política de «cero tolerancia» a quien no acatase sus estrategias sanitarias.
«Las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, quien no las cumpla será sancionado, la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir», dijo en abril, y consideró «pendejos» a quienes las incumplieran.
Entre las medidas que decretó, está el uso de obligatorio de cubrebocas para transitar por la calle, una medida que supuestamente está detrás de la detención de Giovanni López el 4 de mayo.
Según la familia, este joven de 31 años fue arrestado violentamente por policías municipales de Ixtlahuacán, cerca de Guadalajara, y murió a golpes bajo custodia policial.
Tanto la fiscalía de Jalisco como Alfaro han descartado que la detención se debiera a la mascarilla.
CRISIS POR ABUSOS POLICIALES
La política de mano dura ha acompañado durante su carrera a Alfaro, acusado de usar la fuerza pública para retirar los vendedores ambulantes de Guadalajara cuando era alcalde y de reprimir protestas contra el alza de precios del transporte público.
Pero nunca había atravesado una situación como la crisis derivada de la muerte de Giovanni López, que ha provocado una serie de protestas violentas esta semana en el centro de Guadalajara y detenciones arbitrarias por parte de policías.
En un principio Alfaro prometió justicia por la muerte de Giovanni, pero también condenó las protestas y culpó sin pruebas a López Obrador de instigarlas. Un discurso que cambió este sábado.
Y es que varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales reprocharon que unos 80 jóvenes fueran arrestados por policías encapuchados que los golpearon, les robaron y los subieron a camionetas no oficiales para luego abandonarlos en colonias de la periferia de Guadalajara. Veintiocho de ellos permanecieron ilocalizables durante más de 24 horas.
Alfaro pidió disculpas por esos hechos y culpó a un grupo de policías de la Fiscalía que «desacató la orden» de evitar abusos, y sugirió que estos agentes están relacionados «con grupos de la delincuencia».
El propio Alfaro ha sido acusado por sus adversarios a lo largo de su carrera de tener vínculos con el narcotráfico, algo que niega.
Durante la campaña electoral de 2018, un reportaje le acusó de recibir dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación cuando era alcalde de Guadalajara. «Eso no es periodismo, eso es vivir del oportunismo barato o ser parte de una estrategia de golpeteo político», zanjó él en su tono habitual.
Mariana González y Eduard Ribas Admetlla
