Por Erick Cortés.- La ley SB4, una de las medidas más restrictivas de la historia de Estados Unidos en materia migratoria, ha entrado en vigor en Texas esta semana y ha generado debate y preocupación dentro y fuera de la unión americana.
Aprobada por la legislatura controlada por congresistas Republicanos y ratificada por el gobernador Greg Abbott, la nueva ley establece duras penas para los migrantes que ingresen al estado de forma irregular.
Durante la firma de la ley, en Brownsville, Abbott destacó que el objetivo principal de la medida es detener la crisis migratoria en Texas y reducir de manera significativa los cruces fronterizos ilegales, además de disuadir a los cárteles mexicanos que trafican estupefacientes en la frontera texana.
Para los «polleros» o cualquier persona que ejerza el delito de tráfico de inmigrantes indocumentados, la ley les otorga una pena mínima de 10 años en prisión. Y para otros delitos considerados graves y de primer grado que sean cometidos por inmigrantes, la pena mínima puede ascender a 15 años o más.
La implementación de la SB4 ha generado críticas y controversias dentro y fuera del estado. Por ejemplo, Lina Hidalgo, quien es jueza administrativa del condado de Harris (el más grande de Texas), expresó su descontento con la aprobación de la ley en una carta dirigida al presidente Joe Biden, donde argumenta que la SB4 es una medida inconstitucional, pues viola las leyes migratorias federales.
Uno de los puntos que llaman la atención, es el hecho de que cualquier oficial de policía (sea o no miembro de la patrulla fronteriza o de ICE), podrá detener a cualquier persona que le parezca sospechosa de ser un indocumentado, bajo el móvil de «causas probables», y sólo podrán recuperar su libertad evidenciando su ingreso legal al país presentando sus documentos de residencia, asilo o su comprobante de inscripción al programa DACA.
Los arrestos podrán llevarse a cabo en cualquier lugar de Texas, excepto en escuelas, hospitales, iglesias y recintos religiosos.
