Aguascalientes.- Domicilios inexistentes, familias generando facturas para recibirse a sí mismas los bienes adquiridos, comprobación de aplicación de fondos con facturas anteriormente liquidadas y apoyo indiscriminado a varias empresas con un mismo dueño, son algunas de las observaciones más graves encontradas por el Congreso del Estado en la revisión de las cuentas públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC).
El denominado ‘Programa de Fortalecimiento a Emprendedores y MIPYMES’ sirvió como pretexto para el desvío sistemático de recursos que originalmente estaban destinados para paliar los efectos adversos provocados por la pandemia del coronavirus, y de entrada en la documentación en poder de HIDROCÁLIDO se puede detectar que 1 millón 906 mil pesos entregados a cuatro beneficiarios sobrepasó en exceso los sesenta días naturales establecidos por las condiciones de los apoyos, por lo que se consideran como no comprobados y, en consecuencia, deberán ser resarcidos a las arcas públicas.
Otro caso que incluye a cinco empresas locales muestra la malversación de 1 millón 684 mil pesos, pues dichos establecimientos ‘comprobaron’ con facturas anteriores al depósito del recurso, lo que no sólo prueba que no hubo transparencia ni legalidad en la aplicación del recurso, sino también una complicidad grave de la propia SEDEC al dar por buena esa documentación.
Medio millón de pesos fueron entregados a un empresario bajo la condicionante de que debía aportar otro tanto igual para la debida comprobación. Las facturas que éste posteriormente presentó no amparan en lo más mínimo este supuesto, y sin embargo se dio por buena su ‘comprobación’.
Otro caso de franca corrupción en la Secretaría de Desarrollo Económico es el que tiene que ver con la entrega indiscriminada de apoyos económicos a empresarios que presentaron, de forma por demás abusiva, proyectos de inversión desde sus diferentes negocios. Así puede notarse que hay coincidencias en muchas actas constitutivas en nombres y domicilios fiscales, y en cada ocasión recibieron el beneficio, lo que demuestra un penoso favoritismo que impidió que otros pudieran acceder a los apoyos del programa. Estas anomalías suman 720 mil pesos.
Otras instituciones también participaron en la opacidad y en las triquiñuelas para sacar ventaja indebida, pues se exhibe que el CONALEP Aguascalientes, cuyo director actual es Manuel Appendini Carrera, y la SEDEC llevaron a cabo un Convenio de Cooperación Educacional para la capacitación de docentes por medio millón de pesos. Sin embargo, en la revisión se detectó que no existen estados de cuenta, informes de avances del proyecto, copias de constancias de asistencia ni reportes de calificaciones, por lo que este recurso deberá ser resarcido por ambas instituciones.
La evidencia documental en poder de este rotativo también muestra que hubo anomalías graves, pues incluso se puede comprobar con claridad un caso en el que el accionista de una empresa beneficiada es el mismo en la empresa emisora de la factura y la que recibe el bien adquirido para apoyo en el marco del Programa de Fortalecimiento a Emprendedores y MIPYMES.
Para el Congreso del Estado hay evidencias suficientes que soportan la clara duplicidad de apoyos y créditos entre los diferentes órdenes de Gobierno, ya que no se manejan bancos de datos, lo que deliberadamente permitió dobletear beneficios para una misma empresa o persona, quedando como letra muerta el principio de austeridad pregonado por el gobernador Martín Orozco Sandoval, aún a pesar de que los beneficiarios firmaron una carta bajo protesta de decir verdad que no habían recibido apoyo, lo cual quedó prácticamente como una burla para quienes buscaron de forma legal estos apoyos.
Otras anomalías que comprueban la profunda corrupción en la SEDEC en el manejo del Programa de Fortalecimiento a Emprendedores y MIPYMES es la ausencia de fechas de vencimiento en los pagarés que amparan los apoyos, lo que los vuelve incobrables; cambios de proveedores de último momento para dar de alta a familiares como tales; supuestos derechos de autor hechos pasar como parte de cotizaciones; falta de firmas en documentos que no fueron impedimento para la entrega de los beneficios y hasta supuestos reportes de robo de vehículos sin mostrar la denuncia correspondiente.
