San Diego (CA), 30 ene. (EFE News).- Una organización de la frontera envió este jueves a congresistas en Washington una serie de testimonios de observadores presentes en audiencias de inmigración para solicitantes de asilo que bajo el programa MPP deben esperar en México la resolución de su caso.
“Queremos que los legisladores tengan una información a la que difícilmente tendrían acceso y que nosotros recopilamos de primera mano”, dijo a Efe el director del Comité de Servicios Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, responsables del informe “Desmantelando el asilo, un año al interior de Protocolos de Protección a Migrantes” (MPP).
El informe, que incluye por lo menos dos docenas de testimonios recopilados al otro lado de la frontera por observadores a partir de junio pasado, ha sido remitido al Caucus hispano en la Cámara de Representantes, que la semana pasado visitaron la ciudad tejana de Brownsville y la de Matamoros (México) para evaluar el impacto del polémico programa Protocolo de Protección Migrante (MPP), conocido como “Permanecer en México”.
El reporte también ha sido remitido al Comité Judicial, que este mes inició una investigación sobre el programa, así como las oficinas de legisladores que en general abordan la migración en su agenda.
“Solo cerca del 50 por ciento de los migrantes en MPP se presentan a sus citas de audiencias en cortes de migración”, dijo Ríos, quien opinó que el programa “está diseñado para frustrar, para crear tal desesperación entre los migrantes”, que pueda ser persuasivo para que regresen.
“Hay demasiada confusión en las cortes con relación a MPP”, añadió.
En uno de los testimonios enviados, un padre de familia centroamericano que llegó con su hija menor de edad a la frontera, informó al juez que su hija estaba en riesgo de ser abusada sexualmente.
“Descubrió a un hombre que trataba de subir a la litera donde estaba su hija de 13 años de edad y que el sujeto le respondió que, en efecto, intentaba abusar de la niña, por lo que le pidió al magistrado que le dejara quedarse en San Diego”, dijo Ríos.
“El juez preguntó al fiscal y éste dijo que el migrante -quien carecía de abogado– tenía que informar eso a oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al salir del país”, abundó.
Vanessa Ceceña, asistente del comité y quien tuvo a su cargo la recopilación de testimonios, explicó que el informe, que reúne datos de albergues para migrantes del lado mexicano de la frontera, apunta también a que el gobierno de México ofrece a los migrantes en los refugios remitirlos sin costo a sus lugares de origen.
“Es otro punto por el que tantos migrantes en MPP dejan de asistir a sus citas en las cortes, cuando llevan meses de espera, sin trabajar, en que dependen de la buena voluntad de albergues, con audiencias con meses de distancia unas de otras, cuando se sienten amenazados en México, y les ofrecen transporte gratuito”, dijo Ceceña.
