Tuxtla Gutiérrez (México), 12 jul (EFE).- Siete gobernadores de estados del sur-sureste de México expresaron este viernes apoyo al plan para frenar la migración que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha desde que firmó un acuerdo con Estados Unidos para evitar aranceles a productos mexicanos.
«Estamos en una causa común», aseguró el canciller Marcelo Ebrard tras una jornada de evaluación del Plan de Desarrollo Integral en la Frontera Sur celebrada en la ciudad mexicana de Tuxtla Gutiérrez, con funcionarios federales y los gobernadores de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
En un mensaje a la prensa, Ebrard señaló que los gobernadores «externaron su mejor disposición para participar y colaborar en la atención de los flujos migratorios de manera legal, ordenada, segura y en apego al respeto a los derechos humanos».
El canciller recordó que este plan tiene como objetivo mejorar «la calidad de vida de la población y, en este marco, atender el ciclo migratorio con un enfoque de integración» que sea congruente con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU que fue firmado por México.
El objetivo es crear un espacio de integración y desarrollo económico «que propicie una prosperidad compartida entre el sur y sureste de México y los países de Centroamérica, vía la inversión, el comercio, la integración energética y digital», sostuvo.
Ebrard indicó que los gobernadores expresaron «su voluntad de contribuir desde el ámbito de sus competencias a la implementación del plan de desarrollo» y que a su vez, el Gobierno federal la de trabajar para promover un mayor desarrollo y bienestar para los mexicanos.
México firmó el pasado 7 de junio un acuerdo con Estados Unidos que evitar que se impusieran aranceles a sus productos a cambio de mantener un mejor control de la migración que se reflejara en una reducción de los flujos de indocumentados hacia el norte.
Los estados del sur-sureste reciben el primer impacto de la migración centroamericana, y es allí donde se centra el plan gubernamental.
El pasado 1 de diciembre, al comenzar el Gobierno de López Obrador, México firmó una Declaración Política con Honduras, El Salvador y Guatemala de la que se deriva el denominado Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México.
Este plan fue retomada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para presentar el 20 de mayo pasado una propuesta para un plan para generar un proceso integral y articulado de desarrollo regional, poniendo en el centro los principios de igualdad y sostenibilidad.
Ebrard insistió que el plan tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población y atender la migración «con un enfoque de integración, una comprensión territorial y un marco de seguridad humana que sea congruente con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular».
Al mismo tiempo, la organización ciudadana Foro Consultivo Científico y Tecnológico criticó las acciones del Gobierno de México en materia migratoria al señalar que las medidas no toman en cuenta «el contexto social de los migrantes y evidencian que no hay una política migratoria de carácter integral».
México ha atendido «por décadas» el tema migratorio como si fueran eventualidades, y aunque hoy está presente el tema de los derechos humanos de los migrantes esta «contención» no se traduce en cumplimiento de estas garantías, aseguró el Foro.
«Cuando se utiliza la contención migratoria como primer mecanismo de acción, impides que muchas de las personas que solicitan refugio accedan a la protección», señaló al Foro el analista Alonso Hernández López, académico del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Tijuana, noroeste de México.
El Foro reconoció que el Plan para el Desarrollo de Centroamérica «es una buena estrategia» pero sostuvo que los resultados se verán en el largo plazo y que ahora se requiere de «acciones inmediatas que ofrezcan protección y alternativas para estas personas».
En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración (Inami) de México ha deportado a 97.000 centroamericanos y atiende a 109.487 extranjeros que están en espera de una resolución de sus casos, que puede ir desde la regularización de su estatus o su expulsión del país, indicó el Foro.
