Los Ángeles, 25 ago (EFE News).- La Administración del presidente Donald Trump comenzó a denegar desde este martes los permisos de trabajo a los solicitantes de asilo que crucen a Estados Unidos sin autorización, haciendo más difícil que los inmigrantes puedan subsistir mientras esperan que un juez defina sus casos.
“Esto es un juego del Gobierno de Trump para acabar con los procesos de asilo”, dijo a Efe la abogada de inmigración Dulce García, directora de Border Angels.
“Están cerrando todas las avenidas que estos migrantes tienen para sobrevivir, llevar comida a sus mesas y tener un techo”, añade la activista que presta ayuda a solicitantes de asilo que llegan a la frontera de San Diego, California, desde Tijuana, México.
La regla evita que los extranjeros que, sin una buena causa, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos obtengan una autorización de empleo con base en una solicitud de asilo pendiente, aseguró el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en un comunicado.
Además, establece nuevas prohibiciones y denegaciones de permisos de trabajo. Por ejemplo, a solicitantes de asilo con ciertos comportamientos delictivos no se les permitirá obtener la autorización para trabajar. También extiende el tiempo de espera antes de que un solicitante de asilo pueda pedir autorización de empleo, de 150 a 365 días calendario, lo que deja sin poder trabajar legalmente a aquellos solicitantes de asilo elegibles por un año.
Asimismo la regla limita el período de validez de la autorización de empleo a un máximo de dos años, y termina automáticamente la autorización cuando la denegación de asilo de un solicitante es administrativamente definitiva.
Los cambios se unen a una larga lista de esfuerzos de la Administración Trump para disuadir a los solicitantes de asilo de venir a la frontera sur, entre los que se cuenta el Programa de Protección a Migrantes (MPP), que los obliga a esperar en México la resolución de sus casos, y en muchos casos empuja a los inmigrantes a aventurarse a pasar de forma no autorizada la frontera.
“No solo están afectando a los latinos con estas norma. Actualmente en los centros de detención encontramos muchos solicitantes de asilo de África que han hecho viajes de meses para encontrar que tus oportunidades de asilo son mínimas”, aclara García.
Border Angels lanzó este año una iniciativa para pagar la fianza de solicitantes de asilo que están en el centro de detención de Otay Mesa, California. Desde enero la organización ha logrado gestionar más de 50 fianzas, aunque varios centroamericanos y mexicanos fueron favorecidos, inmigrantes de Mauritania, Togo, Camerún y países del Caribe como Haití también fueron liberados bajo este esfuerzo.
La activista resalta que cuando los inmigrantes recuperan su libertad apenas comienzan el periplo por el sistema de inmigración que cada vez hace más difícil obtener asilo político, un amparo migratorio que ha estado en la mira del presidente Trump desde el inicio de su mandato.
La regla que hoy entra en vigor se deriva del memorando presidencial del 29 de abril de 2019 sobre medidas adicionales para mejorar la seguridad fronteriza.
Joseph Edlow, subdirector de políticas de USCIS, argumentó en un comunicado en junio pasado, cuando se anunció la regla, que los cambios fueron establecidos para “salvaguardar la integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación de aquellos que buscan explotarlo o abusar de él”.
“Las reformas en esta regla están diseñadas para restaurar la integridad del sistema de asilo y reducir cualquier incentivo para presentar una solicitud de asilo con el propósito principal de obtener una autorización de trabajo”, agregó Eldow.
Son agumentos que no entiende Juan Manolo Lara, guatemalteco que llegó a Estados Unidos en 2019 junto con su hijo Tyler, que aún no tiene permiso de trabajo y no sabe si llegará a obtenerlo porque apenas su caso está siendo evaluado por un juez.
El migrante ha tenido que recurrir a la ayuda pública para poder salir adelante, mucho más después que la pequeña vivienda donde residía en el condado de Los Ángeles quedó hecha cenizas tras un incendio.
“Gracias a la comunidad pudimos ayudarlo a conseguir una nueva casa, pero en estos tiempos mucha gente está en necesidad, y los recursos se acaban”, advirtió a Efe Mayra Todd, activista del Centro México.
Todd advierte que al igual que muchos indocumentados las circunstancias fuerzan a los solicitantes a trabajar en las sombras para poder sobrevivir. “No se pueden dejar morir de hambre ni a sus hijos”, enfatizó.
Eldow insiste en que la nueva regla está dirigida a disuadir “las solicitudes frívolas y no meritorias”
Juristas alrededor del país se apresuraban este jueves a enviar las últimas peticiones de permisos de trabajo, antes de que entrara en vigencia la norma, de la que anticipan causará más demoras en las solicitudes.
“También quieren agotar a los abogados de inmigración para hacer más difícil su labor”, advierte García.
El abogado Matthew Hoppock, que tiene su práctica en el estado de Kansas, se quejaba esta mañana a través de su cuenta de Twitter porque la nueva forma del formulario I-175 aún no está disponible.
